Ninguno de los 19 detenidos en las últimas semanas, acusados de integrar dos grandes bandas narcos que ingresaban droga de Perú y la movían por la provincia, logró zafar de su destino: la cárcel. Con el correr de los días, las pruebas que la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, que demuestran que esas personas tenían un negocio de venta de sustancias, solo confirmaron la hipótesis del fiscal Danilo Miocevic. Es decir todos los sospechosos formaban parte de dos grupos que distribuían y vendían estupefacientes desde Villa Mercedes y Merlo. Tenían una estructura en la que algunos miembros regenteaban los llamados “kioscos” de drogas, había revendedores y, por supuesto, estaban los líderes.
Por eso el juez federal Juan Carlos Nacul los procesó y les dictó la prisión preventiva a todos, ni siquiera los cabecillas, Diego “El Gaucho” Funes, el sindicalista Juan Carlos Insúa y su socio Héctor Raúl Ramallo, se salvaron.
Los otros imputados que corrieron la misma suerte son Ángel Antonio Funes, Rafael Ángel Fernández, Katherina Elvira Villega, Romina Janet Villega, Rosana María Oga, Richar Davida Villega, Paola Alejandra Alzaga, Alan Leonel Fernández, Jeremías Albornoz, Carina Alejandra Gallardo, Ramiro Gómez, Juan Cruz Insúa, Edgardo Gabriel Ávila, Natalia Maricel Amar, María del Carmen Olariaga y Abigail Priscila Villega. Las últimas dos procesadas, a diferencia del resto, cumplirán el arresto bajo la modalidad de prisión domiciliaria, porque Villega está embarazada y la otra mujer tiene una criatura de un año.
Pero el encierro no es la única medida que dispuso Nacul, como suele suceder la Justicia Federal impuso un embargo a los procesados. El magistrado les fijó a cada uno de ellos un embargo de 52 millones de pesos y, en el caso de no contar con esa suma, procederán a la inhibición general de sus bienes.
El sindicalista del mundo de la carne, Insúa, ya está tras las rejas desde marzo de 2024, al igual que Natalia Amar. Los habían detenido camino a La Punilla, donde fueron sorprendidos con un ladrillo de cocaína.
La teoría fiscal sostiene que las sustancias que las bandas hacían entrar a San Luis eran compradas a un cartel peruano que operaba en Buenos Aires. Todo indicaría que el estupefaciente ingresaba al país a través de Bolivia.
El negocio que habían armado era esencialmente familiar, a excepción de unos de los miembros, todos los otros son parientes. De hecho hasta cayó el hijo de Insúa. El joven habría sido quien proveía los vehículos para que los revendedores se movilizaran en la Villa de Merlo. Ni las conexiones porteñas se salvaron. En Recoleta arrestaron a Edgardo Ávila, el empleado de Aerolíneas Argentinas que manejaba la logística, el transporte de los estupefacientes y de dinero.
En Los Comechingones operaban, entre otros, revendedores de Merlo, Carpintería y del Valle del Conlara, como Santa Rosa, además existía un nexo con un vendedor en Villa Mercedes, donde operaba principalmente “El Gaucho”. El eslabón villamercedino era uno de los más activos, porque la empresa en Villa Mercedes parecía no tener techo. Todas las semanas los clientes demandaban entre cinco y seis kilos de sustancias, sea marihuana o sea cocaína.
