La eventual quita parcial o total de las estampillas escolares, un beneficio que el Gobierno otorga como estímulo para terminar la Secundaria, será un procedimiento de sanción interno que sólo podrá adoptar el Ministerio de Educación ante casos de bullying, ciberbullying, extorsión, acoso, violencia física, sexual, psicológica o verbal en las escuelas de San Luis, sin perjuicio de que las víctimas o las autoridades escolares puedan también denunciar el hecho en la Policía o Justicia.
Esos detalles los brindó el ministro de Educación, Guillermo Araujo, en una conferencia de la que también participaron funcionarios de la cartera. “Quien determina la sanción —aclaró Araujo— es el ministerio de Educación y esto no se ha puesto por casualidad, es para proteger a los docentes y a los directivos de tener que tomar esta decisión. Porque si no, el directivo quizá queda expuesto ante los padres porque dispuso la quita de la estampilla”, explicó Araujo.
Al respecto de la metodología para definir si cabe o no la sanción, las autoridades explicaron que, ante la comunicación del hecho, los funcionarios de la cartera recabarán información objetiva y fehaciente de la situación. Es decir, “no es por el solo hecho de que alguien lo denuncie en la red, sino que implicará ver las actas que ha labrado el directivo con casos anteriores, las reuniones (previas) con los padres y con los chicos involucrados, las entrevistas con los compañeros, implicará un trabajo de investigación para definitivamente ver si el hecho ha ocurrido efectivamente”, dijo.
La directora de Beneficios Estudiantiles, Candela Escudero, detalló que si el alumno incurre en alguno de los actos que están tipificados en el nuevo inciso, se le quitará las estampillas correspondientes al año en curso en el que comete el acto. Pero, en caso de incurrir tres veces en hechos de bullying, la quita de estampillas será total.
Como parte de las acciones de lucha contra el bullying, el gobernador Claudio Poggi firmó el decreto clave para combatir estas formas de violencia en los establecimientos educativos. La nueva normativa pretende ser una herramienta más de uno de los ejes que ha pedido el Gobernador, que es la reconstrucción del tejido social, comentó el Ministro, quien remarcó que “no es solamente para acciones que realicen los alumnos entre pares, sino también hacia docentes y directivos de las instituciones”.
Dato preocupante
El subdirector Bienestar Escolar, Claudio Vázquez, dio un dato que preocupa y que fundamenta la medida: este año, los casos denunciados aumentaron un 40% respecto a 2024. “No hay escuelas en ninguna parte del país que no tengan este tipo de situaciones, lamentablemente. Primero hay que visibilizarlo y luego hacernos cargo para llevar adelante las acciones”, refirió el funcionario.
“Estamos hablando de un tema realmente muy serio que no podemos dejar de ver —sostuvo Vázquez—. Atañe a personas que sufren y que tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo, a veces realmente muy graves”. Entre ellas mencionó las tasas altas de inasistencias, la intermitencia, el abandono escolar y los intentos de suicidio.
Según consideró el Ministro, este aumento de las exposiciones que las instituciones educativas hicieron ante la cartera responde a “dos años de trabajo, de pulir todos los procedimientos internos”. “Una acción de este tipo quizás al comienzo no sé si era lo correcto, sin tener todo el procedimiento interno de cómo llega esa denuncia o cómo llega ese caso hasta el Ministerio”, explicó Araujo, en referencia a la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (Guiarse), elaborada por el ministerio de Educación y que contiene 72 protocolos de acción ante distintas situaciones dentro de la escuela y que sirve, a su vez, de marco normativo para tipificar cada acción y exponerla ante las autoridades.
Capacitación y formación
Las autoridades puntualizaron que para identificar situaciones de este tipo han capacitado a los equipos directivos y docentes en el manejo de los protocolos vigentes. Estas formaciones han alcanzado a 400 de las 650 escuelas en un lapso de seis meses, por lo que han llegado casi al 60% de las escuelas de la provincia.
“Tenemos que involucrar a los tutores en la resolución de estos problemas. Y, por supuesto, se toman medidas sancionatorias en base a los acuerdos de convivencia que tenga cada institución educativa, que son particulares. Pero nunca el espíritu es sancionar por la sanción misma, ni castigar, ni excluir. Muy por el contrario: es que logremos tener espacios educativos más saludables”, dijo Araujo.
En este sentido, dijo que la idea del decreto es hacer un abordaje desde distintos lugares: “No son acciones aisladas. Son con juntos de herramientas, algunas legales, otras sancionatorias, otras de formación, de concientización, que van dirigidas a los distintos actores, a los chicos, a los docentes, a las familias, y que justamente buscan fortalecer el tejido social, en este caso, el educativo”.
