El director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad dijo que el Ministerio Público Fiscal, que encabeza el procurador Luis Martínez, tiene una herramienta que permite procesos abreviados y condenas a corto plazo para los delitos en flagrancia, pero no la aplica.
Según datos de la Policía Provincial, solo el 7% de los detenidos ‘in fraganti’ en el último mes están encarcelados. Del total de 243 personas que la fuerza atrapó ‘con las manos en la masa’, 225 recuperaron la libertad y solo 18 están con prisión preventiva. En esos
números sostiene el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo, su consideración de que el Ministerio Público Fiscal, a cargo del procurador Luis Martínez, es responsable de esta realidad preocupante, en tanto no aplica el Código de Procedimiento Penal, que prevé un proceso abreviado y una condena a corto plazo para este tipo de hechos.
A su entender, las estadística que tiene la Policía “debería generar altísima preocupación” al Procurador, además de la voluntad de trabajar de modo urgente en políticas criminales en conjunto con el Ministerio de Seguridad y con la fuerza, para mejorar los procedimientos, si es que hubiera fallas. De todas formas, a su entender, “el problema no está en proceder policial, está en el proceder de los fiscales”. “He visto carátulas que ponen los fiscales, con delitos consumados a los que consideran como tentativa. Si el procurador no se preocupa por el proceder de sus fiscales, escapa al Ministerio”, manifestó Berruezo este miércoles, en una entrevista en CNN Radio San Luis.
También confirmó que esto alimenta el imaginario del Poder Judicial como “una puerta giratoria” que permite que el delincuente entre y salga de la comisaría o de la cárcel y que ese ciclo se repita interminablemente. “En esto tiene mucho que ver la falta de condena en juicios. Por muchas razones, prescriben las causas. Eso lleva a que la gente diga ‘que le den prisión preventiva, para que esté preso un tiempo’, cuando en realidad es una medida cautelar. Por cada 70 procesados, tenemos 30 de condenados, y necesitamos que sea al revés. Con la herramienta del procedimiento en flagrancia, podríamos tener más condenas, no con prisión preventiva, con lo cual no se viola ningún derecho”, refirió.
El funcionario explicó que si los fiscales aplicaran el Código, en un plazo de 15 ó 20 días podría resolverse la causa con un fallo. Y en el caso de tratarse de un delito que se castiga con encierro, la persona acusada iría a la cárcel con una condena efectiva, no con prisión preventiva. “No estamos hablando de una sensación de inseguridad, sino que realmente estamos en una provincia insegura, en donde no se realizan los procedimientos como corresponde”, consideró.
Desde 2022, cuando se implementó el Código de Procedimiento Penal, el ‘dueño’ de la acción penal es el Ministerio Público Fiscal. Se pasó de un sistema inquisitivo, en el que la investigación penal estaba encabezada por el juez, a un modelo acusatorio, en el que los fiscales impulsan la pesquisa que derivará en la condena o no de una persona sospechosa.
Dijo que, desde que entró en vigencia en la provincia el nuevo código, “una sola vez” se aplicó el procedimiento para un delito en flagrancia.
“Resulta llamativo, y es algo que preocupa al Gobierno. Si a los 20 días, como mucho, ya tenés a una persona condenada, con prisión efectiva, o con una pena en suspenso y vuelve a cometer un delito, se le suma la nueva condena y va a ir efectivamente a la Penitenciaría”, explicó.
