Las empresas constructoras Rovella Carranza, Serving y Semisa se presentaron a licitar obras en el marco del plan del gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá de comprometer los recursos económicos de la próxima gestión de gobierno que se iniciará en 32 días.
Esas tres fueron las que ofertaron por un valor de alrededor de 70 mil millones de pesos en procesos licitatorios que están pendientes de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo hicieron aún cuando el propio gobernador electo Claudio Poggi pidió expresamente que no se iniciaran obras que comprometan el presupuesto provincial más allá del 10 de diciembre.
Rodríguez Saá apuró esas licitaciones para poder transferirles a los dueños de esas empresas 21 mil millones en concepto de anticipo financiero por esas obras.
En el caso de Rovella Carranza SA y Serving SRL participaron el martes 31 de octubre de la licitación N° 17/2023 de refuncionalización del acceso sur de la Villa de Merlo sobre la Ruta N°1 por $28.650.000.000; mientras que Semisa se presentó a la licitación N°09/2023 de la nueva Ciudad Judicial por $41.321.324.726.
Hay que decir que las tres voraces constructoras ya fueron notificadas de las acciones judiciales en curso que ha iniciado el gobernador electo y que reclama que esas obras violan el marco constitucional y legal vigente; lo que podría significar -en caso de un fallo adverso de la Corte- que tengan que devolver al Estado esos 21 mil millones con los que se alzaran en los próximos días.
Rovella Carranza, Serving y Semisa, las tres empresas que quieren licitar más allá de lo que diga la ley
