Durante décadas, San Luis construyó buena parte de su prestigio administrativo sobre una regla sencilla: el Estado no debía consumir la totalidad de sus recursos en su propio funcionamiento. Una porción sustancial del presupuesto debía transformarse en rutas, escuelas, hospitales, viviendas, acueductos y demás infraestructura capaz de permanecer y generar condiciones para el desarrollo.
Ese principio llegó a plasmarse en las leyes de Presupuesto bajo el conocido esquema del 50/50: 50% de los recursos para gastos corrientes y 50% para gastos de capital.
No era solamente una fórmula contable. Se convirtió en una característica distintiva de San Luis y permitió sostener durante años elevados niveles de inversión pública sin comprometer el equilibrio de las cuentas provinciales.
Ese modelo comenzó a desdibujarse durante los ocho años del anterior gobierno provincial. El peso del gasto corriente creció y la participación de los recursos destinados a inversión fue perdiendo terreno, hasta dejar a San Luis lejos de aquella regla que había sido presentada durante años como uno de los pilares de su administración.
Por eso, el punto desde el cual comenzó la actual gestión no fue el histórico 50/50, sino una estructura presupuestaria en la que el gasto corriente había ganado una participación considerablemente mayor.
Esa herencia condiciona cualquier comparación. Reconstruir el equilibrio perdido no puede hacerse de un presupuesto al siguiente: implica ordenar las cuentas, contener el crecimiento de los gastos permanentes y, simultáneamente recuperar capacidad para financiar infraestructura con recursos propios. Los primeros resultados de ese proceso comienzan ahora a aparecer en las estadísticas nacionales.
San Luis, cuarta en el país
El ranking de gasto de capital correspondiente a 2025 elaborado por Marcelo Daletto sobre datos del Ministerio de Economía de la Nación coloca a San Luis en el cuarto lugar entre las 24 jurisdicciones argentinas.
La provincia destinó el 14,5% de su gasto a capital, una proporción ampliamente superior al promedio provincial del país, que fue de apenas 9,5%.
Sólo tres jurisdicciones quedaron por encima: Santiago del Estero, con 28,8%; La Pampa, con 19,8% —aunque en este caso el relevamiento utiliza datos correspondientes al cuarto trimestre de 2024—; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 19%.
Inmediatamente detrás de San Luis aparece San Juan, con 14%, seguida por Formosa, con 13,9%; Catamarca, 13,7%; y Mendoza, 12,9%. El contraste se vuelve más evidente en la parte inferior de la tabla. Buenos Aires destinó sólo 6,6% de sus gastos a capital; Salta, 5,9%; Misiones, 5,7%; Río Negro, 4,5%; Tucumán, 4,3%; Chaco, 3,9%; Entre Ríos, 3,7%; Tierra del Fuego, 2,8%; y Santa Cruz apenas 1,1%.
Una recuperación, no un punto de llegada
El 14,5% de San Luis sigue estando muy lejos de aquel 50% que caracterizó a los presupuestos provinciales durante los años de mayor inversión pública. Pero justamente allí reside la importancia del dato.
No señala que San Luis haya recuperado ya su histórico equilibrio presupuestario. Muestra que comenzó a transitar nuevamente en esa dirección. Después de recibir una estructura fuertemente condicionada por el crecimiento del gasto corriente con un déficit crónico, el gobierno de Claudio Poggi inició un proceso de reordenamiento fiscal con el objetivo de recuperar progresivamente la capacidad de inversión.
El cuarto puesto nacional alcanzado en 2025 constituye uno de los primeros indicadores concretos de ese cambio de tendencia. La comparación, además, debe realizarse dentro de un contexto nacional particularmente adverso para la inversión pública. En 2023, el gasto de capital representaba en promedio el 12,4% de los presupuestos provinciales. En 2025 cayó al 9,5%.
Es decir que mientras la inversión pierde participación en el conjunto de las provincias, San Luis consigue ubicarse cinco puntos porcentuales por encima de ese promedio.
El otro dato: Nación, apenas 3%
El cuadro contiene otro dato que ayuda a comprender las dificultades que enfrentan actualmente las provincias: el Gobierno nacional destinó apenas el 3% de sus gastos a capital.
La cifra coloca a la Nación incluso por debajo de la enorme mayoría de las jurisdicciones provinciales y refleja la fuerte reducción de la participación nacional en obras de infraestructura.
Esto obliga a las provincias a enfrentar con recursos propios una parte creciente de las necesidades de rutas, viviendas, escuelas, hospitales, agua, saneamiento y mantenimiento de infraestructura.
Para San Luis, esa realidad vuelve todavía más relevante la recuperación de capacidad de inversión.
