Villa de Praga, una de las 17 localidades que había realizado un planteo judicial contra el Gobierno de la provincia por la revocación del ‘Tratado de La Toma’, desistió de continuar con el litigio.
Este viernes el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y el jefe comunal, Ramón Cruz, mantuvieron un encuentro en Casa de Gobierno. Amondarain informó que el jefe comunal ya había manifestado su voluntad de desistir del juicio por el referido tratado y este viernes firmó la documentación para concluir con este proceso legal. “Es un comisionado municipal que se suma a todos aquellos que habían desistido ya a esta demanda contra el Gobierno de la provincia”, explicó.
“El gobernador Claudio Poggi tiene la institucionalidad como pilar de su gestión. Ha demostrado y ha quedado de manifiesto que tiene intenciones de trabajar con toda la provincia, independientemente del color político, en la concreción de obras municipales”, refirió.
El Ministro recapituló que “inicialmente 17 municipalidades y comisionados municipales se sumaron a esta acción individual, que se repetía con un mismo sentido (demandar al Ejecutivo Provincial). De ese total, contando Villa de Praga, ya son 13 los municipios que han desistido formalmente, por lo que quedan cuatro aún con la demanda activa, pero en diálogo el ministerio de Gobierno para avanzar en el mismo sentido que las otras 13 localidades”.
Por su parte, al finalizar el encuentro, Cruz dijo: “Estoy muy contento porque hemos hablado con el Ministro, nos vamos a comprometer con todo”. Y expresó su deseo de que se puedan concretar, gracias a un trabajo conjunto con la Provincia, futuros proyectos para la localidad.
El 24 de septiembre de 2023, en el contexto de la última campaña electoral nacional, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá y los intendentes firmaron un acuerdo para la equiparación de los salarios de los empleados municipales.
El tratado afectaba recursos sobre los que, en realidad, le correspondía decidir al Gobierno siguiente (del electo gobernador Poggi), lo que complicaba su gestión.
Poggi revocó ese acuerdo a través del decreto Nº 35-MG-2024 para “no agravar la situación financiera de la Provincia y que las consecuencias negativas se trasladen a las comunas que conforman la provincia de San Luis”. Tras ello, algunas localidades iniciaron acciones contra el Gobierno (amparos y cautelares), aunque ya en 2025, progresivamente, esas intendencias fueron desistiendo de continuar con el litigio.
De este modo, estos dos pueblos del departamento San Martín, se suman a los que ya dejaron de lado este tratado, entre ellos, Saladillo, La Calera, Batavia, Fortín El Patria, Bagual, Buena Esperanza, Fortuna, Fraga y Estancia Grande.
