Nada cambió entre la resolución que el 1° de junio tomó la jueza de Garantías 3 de Villa Mercedes, Natalia Pereyra Cardini, y el Tribunal de Impugnación, compuesto por los jueces María Bocca Monserrat, Marcelo Oscar Bustamante Marone y Hernán Herrera, que debían rever ese primer fallo a causa de planteos de parte del abogado de la familia Escudero y del representante de Lucas Gatica, la pareja de Yohana Escudero. Los magistrados confirmaron cada palabra del anterior veredicto. Es decir, consideraron que las fiscales instructoras Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz, luego de un trabajo colosal, estuvieron acertadas en concluir que Yohana no fue ni asesinada, ni inducida a matarse, sino que tristemente se suicidó. Por eso el archivo de la causa, dispuesto por las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), es lo que corresponde en este caso porque delito no existió.
A su vez, no le cerraron del todo las puertas a la familia de la persona fallecida. Los habilitó, para que a través de su abogado y siempre bajo la supervisión de jueces de Garantías, impulsen por su cuenta otra investigación con la producción de pruebas que consideren pertinentes y vean si así pueden demostrar lo que tanto sostienen, es decir, que todo se trató de un femicidio.
La resolución del Tribunal de Impugnación fue tomada el viernes, a última hora. Y seguramente no cayó en gracia a los Escudero que, en realidad, esperaban que la Justicia instara al MPF a reabrir la causa y sumar la evidencia que, según ellos, tienen y darían cuenta de que la mujer de 36 años fue atacada por Gatica.
Los cinco hermanos de Yohana, desde la aparición de su cuerpo sujetado por el cable de un televisor en el baño de su casa, no se cansan de contar que en sus diez años de relación su esposo la molía a golpes y la amenazaba. Refirieron que hace unos ocho años su hermana hasta terminó desfigurada y hospitalizada por una paliza del hombre. Pero ninguno lo denunció. De hecho, el año pasado, con lo difícil que resulta para quienes sufren violencia de género hablar de sus agresores, Yohana tuvo el coraje de acercarse a una comisaría y asentar una exposición.
Las fiscales nunca negaron que ella haya sido víctima de violencia de género, pero fueron muy claras en la conferencia de prensa del 26 de febrero cuando explicaron que evaluaron también los aportes que les acercaron los Escudero. Revisaron unos audios, fotos, reunieron algunos testimonios y hasta chequearon un video, pero pese a todo no surgió de todo eso que la persona fallecida haya sido golpeada por Gatica el 19 de enero, el día de su deceso. No solo eso, sino que todos los elementos probatorios estudiados de un costado y del otro llevan a la misma conclusión: el hombre, al que tanto apunta la familia, no estaba en su casa, en el momento que su esposa, ahogada en la desesperación, llevada adelante el último acto de su vida.
Antes de conocer la decisión del Tribunal, el abogado de Gatica, Bautista Rivadera, había argumentado, además de que no correspondería en este tipo de casos que la querella se ocupe por sí sola de una investigación, coincidió con las fiscales en que la causa debió ser archivada de modo definitivo. “Es también una cuestión de derechos y garantías que tiene cualquier ciudadano a no estar sometido a una persecución penal indefinida, porque la jueza (Pereyra Cardini) cuando habilitó la investigación de la querella lo hizo sin un límite de tiempo. Y uno, como ciudadano, no puede estar sometido a una investigación penal indefinidamente en el tiempo”, remarcó.
En la conferencia de prensa que convocó en su estudio jurídico, Alberto Mariani, el representante de los Escudero, anunció en nombre de sus clientes que, si el Tribunal no remitía nuevamente la causa a las fiscales para que la reabrieran y estudiaran a fondo otras teorías, no descansarían. Apelarían ante el Superior Tribunal de Justicia y hasta se animarían a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues, a su entender, la Justicia está demostrando que solo opera para “ricos y poderosos” porque las fiscales no quisieron cumplir con su obligación, aquella que mantienen ante la sociedad, de investigar los delitos.
