L a Justicia Federal de Villa Mercedes procesó al exrector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), David Luciano Rivarola, al considerar que existen elementos suficientes para sostener que utilizó su posición como máxima autoridad de la institución para beneficiar a su hija, Valentina Rivarola, mediante una contratación financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La resolución, firmada el 24 de junio por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, sostiene que la convocatoria para seleccionar un consultor del programa «Asistencia Estratégica a MiPyMEs» habría sido diseñada y posteriormente modificada para asegurar que la beneficiaria resultara la hija del entonces rector.
Según la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal a partir de una denuncia presentada por el actual rector de la UNViMe, Marcelo David Sosa, el procedimiento de selección comenzó en junio de 2023 y terminó con la contratación de Valentina Rivarola por un monto de 916.666 pesos. La Justicia entiende que durante ese proceso se alteraron deliberadamente los requisitos y criterios de evaluación para favorecer su postulación frente a otros aspirantes que presentaban antecedentes profesionales superiores.
El papel que le atribuye el juez al exrector
Para el magistrado, David Rivarola fue quien coordinó la maniobra desde la máxima autoridad universitaria. La resolución sostiene que, aunque evitó firmar personalmente la contratación de su hija, esa circunstancia lejos de desvincularlo constituye uno de los principales indicios de su participación. El juez destaca que el mismo día en que se aprobó el contrato de Valentina Rivarola, el entonces rector firmó otras cinco resoluciones correspondientes al mismo programa, siendo precisamente la contratación de su hija la única rubricada por la entonces vicerrectora Graciela Balanza.
Para la Justicia, ese reemplazo no respondió a una cuestión administrativa sino que formó parte de una estrategia destinada a ocultar el evidente conflicto de intereses derivado del vínculo familiar entre el rector y la beneficiaria del contrato.
El fallo también remarca que Rivarola recibió la notificación oficial de la resolución que aprobó la contratación y, pese a ello, no promovió ninguna medida para impedirla ni cuestionó el procedimiento, circunstancia que el juez interpreta como un elemento adicional para acreditar su intervención.
Las presuntas irregularidades El procesamiento describe una serie de modificaciones introducidas durante el desarrollo de la convocatoria que, según la Fiscalía y el juez, terminaron favoreciendo exclusivamente a Valentina Rivarola.
Entre ellas menciona:
• la incorporación del dominio del idioma inglés como requisito de admisión y criterio de puntuación;
• el incremento de los años de experiencia exigidos;
• la incorporación de antecedentes vinculados al manejo de redes sociales y community management;
• y una valoración especialmente alta de cursos complementarios, incluso por encima de títulos académicos de posgrado.
La resolución también sostiene que tres postulantes quedaron excluidas sin explicación formal y que los criterios de evaluación fueron modificados sin comunicar esos cambios al resto de los participantes.
La situación de Valentina Rivarola
El juez considera que Valentina Rivarola no fue una simple beneficiaria del procedimiento. Según la resolución, habría ocultado su relación de parentesco con el entonces rector al firmar la documentación contractual, pese a que las normas del programa financiado por el BID prohibían expresamente este tipo de contrataciones cuando existían vínculos familiares con funcionarios que intervenían en el proceso de selección.
Posteriormente, una vez producido el cambio de autoridades en la universidad, solicitó la nulidad del contrato y devolvió el dinero percibido, aunque el juez entiende que esa circunstancia no elimina la eventual responsabilidad penal derivada de los hechos investigados.
Además de David Rivarola, la resolución alcanza a la exvicerrectora Graciela Balanza, al exsecretario general Gastón Garialde, al exjefe de Contrataciones Claudio Denna, y a los exfuncionarios Jonathan Bosso, Eduardo Daniel Guerreiro y Claudia Grando, quienes, según la investigación, habrían participado desde distintas funciones en el desarrollo de la convocatoria y la posterior contratación.
También fue procesada Valentina Rivarola, en su carácter de beneficiaria del contrato cuestionado. A David Rivarola y al resto de los funcionarios se les atribuye, en esta etapa del proceso, el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, mientras que Valentina Rivarola, Graciela Balanza y Gastón Garialde también fueron procesados por el presunto delito de falsedad ideológica de instrumento público.
