En agosto de 2021 una abogada de Villa Mercedes vio cómo, en cuatro días, su cuenta bancaria era vaciada en su totalidad y ella sin poder hacer nada. Alguien le había hackeado la cuenta. Denunció el robo y en más de cuatro años, la fiscalía solo llegó a un sospechoso. Un número telefónico a su nombre lo conectaba con esas sustracciones, realizadas a través de extracciones y transferencias.
Con la certeza de que el juez de Garantías de turno avalaría la acusación contra ese hombre de 70 años, los funcionarios públicos formularon los cargos en su contra, pero no fue así. El magistrado consideró que esa prueba solamente no era suficiente para endilgarle a esa persona el delito que perjudicó a la letrada. Entonces, hasta ahora, no hay ningún presunto culpable, como tampoco un peso de lo robado a la denunciante.
Tras escuchar el relato y la evidencia recolectada presentada por los fiscales Marcelo Palacio y Alexis Chavero y la defensa de Emiliano Vera, el abogado del único sospechoso, el juez de Garantías 1, Alfredo Cuello, determinó que, pese a “la naturaleza informativa de la formulación de cargos” rechazaba la imputación contra el sindicado. Y para terminar de echar por tierra del todo la hipótesis de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que “existiría la posibilidad de incorporar elementos a la causa que desvinculen al presunto autor del delito”.
Con esa resolución del magistrado, los fiscales prácticamente deberán empezar de nuevo o insistir con su teoría, ahondando y sumando evidencia. Esa posibilidad se las da una prueba que, anticiparon, está en producción. Remarcaron que están a la espera de que el banco en el que tiene cuenta la denunciante les remita “un oficio con todos los detalles de operaciones e información vinculadas a las mismas”.
La fiscalía trató de formularle cargos al hombre por “defraudación”. El Artículo 172 establece que tal delito “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.”
Contaron que la abogada denunció que la manipulación de sus datos bancarios y el robo de su dinero no sucedieron de un momento a otro, sino que se extendió entre el 14 y 17 de agosto de 2021.
Lo primero que advirtió la mujer es que ya no tenía acceso a su home banking. Se percató de eso exactamente a 18:59 de ese 14 de agosto. El usuario y la clave habían cambiado. Después descubrió algo peor. Es decir que, en ese lapso, habían hecho varias transferencias y extracciones en efectivo.
El o las personas que lo realizaron no habían necesitado de tener en mano las tarjetas de débito de la abogada, sino que la operación fraudulenta fue operada a la distancia. Las modificaciones fueron efectuadas desde un número de teléfono, determinaron los fiscales. Las averiguaciones establecieron que esa línea telefónica estaba a nombre del hombre que, al final, no fue imputado.
De todas maneras, Palacios y Chavero aclararon que las sustracciones fueron posibles gracias a la información de los plásticos. Pese a que la abogada nunca perdió o le robaron las tarjetas, siempre las tuvo en su billetera.
El defensor del sospechoso afirmó que “no existe un dato preciso” que conecte a su cliente con el delito. Todo, según él, fue una increíble coincidencia.
