Hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976 en Argentina, cuando las Fuerzas Armadas, encabezadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocaron al gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón. La irrupción militar dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, una etapa que más tarde sería juzgada como un sistema de terrorismo de Estado.
A partir de entonces se desplegó un plan represivo clandestino basado en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas. En todo el país funcionaron centros ilegales de detención, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), convertida en uno de los símbolos más representativos del horror. La persecución alcanzó a militantes políticos, sindicales y sociales, con el objetivo de disciplinar a la sociedad y reconfigurar el modelo económico. En paralelo, el Congreso fue disuelto y la libertad de expresión quedó anulada.
El golpe fue la culminación de un proceso de deterioro institucional. En los meses previos, el país atravesaba una profunda crisis política, económica y social. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, el gobierno de Martínez de Perón evidenciaba debilidad, fracturas internas y una creciente pérdida de autoridad. A esto se sumaba una escalada de violencia política, con organizaciones paraestatales como la Triple A que llevaban adelante asesinatos y secuestros, mientras grupos armados como el ERP y Montoneros protagonizaban enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
La llegada de las Madres
En 1977, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a marchar alrededor de la Pirámide de Mayo, transformando el dolor en una forma de resistencia visible. En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo inició la búsqueda de niños apropiados durante la dictadura, muchos de ellos nacidos en cautiverio.
El juicio
El proceso de juzgamiento tuvo su punto clave en 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con el Juicio a las Juntas. Tras meses de audiencias, testimonios y pruebas, la Justicia condenó a los principales responsables del régimen, en un fallo histórico que sentó precedentes a nivel mundial en materia de derechos humanos.
Se condenó a reclusión perpetua con destitución a Videla y a Massera; Viola, Orlando Agosti y Armando Lambruschini recibieron 17, 8 y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Por su parte, Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya quedaron absueltos.
Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), se registraron al menos 8.961 desaparecidos, aunque organismos de derechos humanos sostienen que la cifra asciende a 30.000, reflejando la magnitud y el carácter clandestino del sistema represivo.
Los nietos
En cuanto a la apropiación de menores, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de 140 nietos y nietas hasta julio de 2025. Sin embargo, se estima que más de 300 personas aún desconocen su verdadera identidad, lo que mantiene vigente la búsqueda.
Represores con beneficios
Apesar de las condenas de la justicia muchos represores gozan de beneficios. Uno de los casos más emblemáticos es el del represor Jorge Olivera, involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tisseau (una modelo francesa que se había unido a las causas sociales) ocurrida en octubre de 1976.
Olivera recibió cadena perpetua: la Justicia lo consideró coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público y asociación ilícita, entre otros cargos.
Previo a la condena de la justicia argentina fue detenido en el año 2000 en el aeropuerto de Fiumicino, a pedido de la justicia francesa. Sin embargo, recuperó su libertad tras presentar un certificado de defunción falso de Marie-Anne Erize, pretendiendo que el delito había prescrito. El documento era una falsificación, pero le dio tiempo para huir de Italia.
El 4 de Julio de 2013 fue condenado a cadena perpetua en San Juan. Olivera armó después un ardid para ser trasladado al Hospital Militar Central en Buenos Aires para un supuesto chequeo médico. Caminó por la puerta principal y desapareció. Estuvo prófugo casi cuatro años.
En enero de 2017, aun prófugo, las fuerzas de seguridad le seguían el rastro en una zona residencial de San Isidro. Cuando la policía irrumpió en la casa de su familia, no lo encontraban por ningún lado. Fue tras una inspección minuciosa de los vehículos en el garage que lo hallaron: estaba encogido dentro del baúl de un auto, tapado con mantas. A pesar de su pasado como “duro” oficial de inteligencia, su carrera como prófugo terminó de la forma más indigna posible.
Olivera fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Y protagonizó un ultimo capitulo polémico cuando bajo esa condición organizó una fiesta para celebrar las bodas de oro con su esposa Marta Ravasi, con la participación especial de Palito Ortega.
