El juicio contra Cintia Ramírez entra en su recta final. Hoy la Cámara Penal N° 2 escuchará los alegatos finales de las partes. La fiscalía buscará consolidar la tesis de que Ramírez era la única con poder de decisión en las transferencias y en la compra del colectivo con sobreprecio, apuntalada por la pericia técnica y los testimonios de sus propios excolaboradores.
El proceso oral y público que se sigue contra la exsecretaria de Deportes acumuló en sus primeras jornadas una serie de revelaciones que parecen complicar la situación de la acusada y que terminaron salpicando al propio exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Testimonios de personas que trabajaron en el Ente Deportes y en la Secretaría de Deportes apuntaron a Ramírez como la persona que tomaba “todas” las decisiones. Para la Fiscalía de Estado, esas declaraciones resultaron clave para establecer la cadena de responsabilidades.
Según la acusación del fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat Alí, durante 2023 se realizaron 188 transferencias de dinero estatal que superan los 166 millones de pesos, desviadas desde la Secretaría de Deportes y el Ente Deportes hacia el San Luis Fútbol Club, institución que la propia Ramírez fundó y presidía de forma simultánea.
La perito tasa el colectivo: 114 millones, no 290
Una de las jornadas más determinantes fue la protagonizada por la martillera y perito Marina Rizzotto, cuya declaración técnica colocó al caso del colectivo en el centro del debate. La especialista detalló que el vehículo —un colectivo Volvo modelo 2018 con carrocería Metalsur— presentaba al momento de la tasación un estado de deterioro considerable: más de 850.000 kilómetros recorridos, pérdida de aceite, correa de distribución “totalmente deteriorada”, fallas en los seis inyectores, frenos en mal estado y cubiertas recapadas.
Además fijó el valor real del colectivo en $114.783.500 pesos al momento de la tasación en febrero de 2024. El Estado había pagado 290 millones de pesos por ese vehículo apenas días antes de que Ramírez dejara su cargo en diciembre de 2023. La diferencia —un presunto sobreprecio de 175 millones de pesos— es uno de los ejes centrales de la acusación por fraude a la administración pública.
El capítulo que causó impacto fue cuando el propio exgobernador Rodríguez Saá admitió haber ordenado y realizado los hechos que se investigan, sino que también involucró a otros exfuncionarios: el ministro de Gobierno Fabián Filomena, el secretario General de la Gobernación Miguel “Micky” Berardo y el ministro de Hacienda Eloy Horcajo.
El fiscal de Estado adjunto, Rafael Berruezo, solicitó en el acto que se suspendiera la declaración para garantizar el debido proceso y que se iniciara una causa contra Rodríguez Saá como coautor del delito de defraudación a la administración pública. El tribunal no hizo lugar al pedido, pero Berruezo confirmó luego que Fiscalía de Estado denunciará formalmente al exgobernador. La declaración del exmandatario, aclaró la fiscalía, no exonera a Ramírez, sino que abre un nuevo frente judicial.
