La Policía de San Luis allanó, por orden de la Justicia, la casa de una estudiante de 18 años involucrada en uno de los tantos casos de amenazas de supuestos tiroteos en escuelas de la provincia y secuestró un arma de aire comprimido.
La información fue confirmada por la fiscal de Instrucción N° 6 de la ciudad de San Luis, Linda Maluf. Señaló que en el marco de una de las causas que investigan amenazas de tiroteo en instituciones educativas, lograron identificar a una joven de 18 años.
Según detalló la funcionaria del Poder Judicial, esto fue posible gracias a tareas investigativas realizadas en conjunto con policías de la Comisaría Cuarta, con jurisdicción en la zona oeste de la capital puntana, lo que permitió avanzar con un allanamiento en el domicilio de la alumna. El procedimiento fue realizado este jueves a la mañana y contó con la presencia de la fiscal, quien supervisó el inicio de la medida.
La ministro de Seguridad de la Provincia, Nancy Sosa, afirmó que la cartera a su cargo ha activado la alerta de todo el sistema de emergencias y trabaja en forma coordinada con los ministerios de Salud y Educación.
Desde hace quince días “realizamos el recorrido preventivo en todos los centros escolares, activamos todos los corredores sanitarios y escolares, de manera tal de tener en alerta al sistema por cualquier cuestión que pueda surgir“, detalló Sosa el lunes pasado. Ese día, reveló, también recibieron “un oficio del Ministerio Público Fiscal (MPF) para conocer cuáles son las medidas que se han tomado”.
Durante el allanamiento de este jueves en casa de la estudiante secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos, un arma de aire comprimido. Si bien no se trata de un arma de fuego, el objeto será analizado como parte de la evidencia para determinar su vinculación con las amenazas investigadas, indicó Maluf.
El procedimiento fue ordenado por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, a partir de un pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de Maluf.
La causa se originó a partir de una denuncia que llegó a la Fiscalía a través de la Policía, luego de que autoridades de un establecimiento educativo del barrio Juan Carnevale –más conocido como ‘CGT’– alertaran sobre la situación. De acuerdo a lo informado, las amenazas habrían sido difundidas mediante estados y grupos de WhatsApp, lo que facilitó su circulación y posterior detección.
Maluf explicó que la difusión del contenido en redes y mensajería permitió que personas del entorno de la joven aportaran datos clave para su identificación. “Eso posibilitó avanzar en la investigación y concretar el allanamiento”, indicó.
La fiscal señaló que, una vez incorporados los informes finales del procedimiento y reunida la evidencia necesaria, evaluará la eventual formulación de cargos. Es decir, si la joven afronta una imputación por algún delito.
En paralelo, remarcó que continúan trabajando en otras causas similares, en las que en varios casos también han logrado identificar a los responsables. Sin embargo, precisó que en la mayoría de esas investigaciones se trata de menores de edad, por lo que los expedientes fueron derivados a la fiscalía especializada y le dieron intervención al fuero de Familia.
Treinta y cuatro estudiantes perdieron las ‘Estampillas Escolares’ por amenazas
Ya son 34 los estudiantes que han perdido las ‘Estampillas Escolares’ en las últimas semanas, por realizar amenazas contra instituciones educativas. Así lo determinó el Ministerio de Educación provincial, a partir de intervenciones articuladas entre las instituciones educativas, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Los 34 jóvenes fueron sancionados con la pérdida del beneficio, tras haber emitido amenazas que generan miedo en la comunidad.
Además, sus padres podrían enfrentar consecuencias en la Justicia, por los delitos cometidos por sus hijos. Por ese motivo, la cartera educativa recomienda a madres, padres y tutores dialogar con ellos sobre el uso responsable de la información y las implicancias de este tipo de conductas.
