En medio de las casi siete horas que duró la maratónica audiencia en la que la Justicia decidió el futuro inmediato de la exlegisladora albertista Anabela Lucero, su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, y los exfuncionarios Exequiel Scarel, Diego Torres y Enzo Lucero, la primera persona en esa lista trató de defenderse afirmando, ante todo, su inocencia. Negó haber formado parte de una asociación ilícita que en el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá operó con un entramado fraudulento, de cheques y empresas falsas, con el que logró alzarse con unos $900 millones. Pero cuando escuchó el pedido de prisión preventiva, planteado por los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio, a través de su abogado propuso varias alternativas para no ser confinada los siguientes dos meses al Servicio Penitenciario de San Luis. Ofreció $4 millones de pesos, prometió no salir de la provincia, también mantenerse a 300 metros del Complejo Molino o la distancia que considerara pertinente y pidió que, en el caso de que no haya otra alternativa, le concedieran la prisión domiciliaria. Y aprovechó sus últimas palabras antes de oír el fallo para decirle al juez Santiago Ortiz: «No soy Cristina para que me quieran proscribir y llevarme presa. Ojo con eso…».
La oferta realizada durante la audiencia por el defensor de Lucero, Esteban Busto, de todos modos, no tuvo el efecto que esperaba. Pues, alrededor de las cuatro de la tarde del lunes, cuando el magistrado dio a conocer su resolución casi nadie se salvó de la cárcel. Todos fueron imputados por «defraudación de la administración pública», «destrucción y ocultamiento de pruebas» y «asociación ilícita» y ambos acusados de apellido Lucero y Scarel fueron enviados al penal por 60 días. Torres logró zafar porque el juez rescató que siempre se mostró a disposición de la Justicia y Beltrán, por su lado, no puede ser encarcelado en tanto y en cuanto no le quiten los fueros que lo protegen como actual diputado provincial.
Busto también había planteado que su clienta se comprometía a presentarse en fiscalía del 1° al día 10 de cada mes, a firmar el libro de procesados o cumplir con esa obligación cada 10 días. «Una o todas estas medidas concedidas de manera simultanea van a permitir cumplir con lo que viene peticionando el Ministerio Público Fiscal, independientemente de los daños colaterales que podría generar la prisión preventiva», trató de convencer al magistrado.
Cuando su representante terminó de hablar, Lucero volvió a tomar la palabra e insistió en que la causa penal en su contra no está motorizada en la búsqueda de la verdad y la justicia sino que se trata de una causa meramente política. «Le pido evalúe ese audio, que quizás nunca escuchó, en el que el mismo denunciante dice que es una causa política y si no fuera político no estarían haciendo este circo de estar pidiendo prisión», le dijo sin vueltas al juez de Garantías 4.
También recalcó que ella nunca intentó entorpecer ni representar una traba para la investigación. En ese punto le enrostró al fiscal instructor José Olguín que jamás se opuso a dar las claves de los celulares que les incautaron y tampoco a facilitar sus huellas, sino que fue él quien se acordó tarde de pedir esos datos. «¿Qué culpa tenemos nosotros de que cuando nos secuestraron los teléfonos no nos pidieron las claves? (…) Fue un error de él, él se acordó tarde», se quejó y le señaló al juez: «Esto es un atropello institucional de los derechos humanos gravísimo. ¿Usted es consciente del escándalo de lo que puede pasar después de esto?».
«Una tiene una vida activa, también trabajo en lo privado y mis hijas dependen de mis ingresos. Me están vulnerando los derechos permanentemente (…) No soy Cristina para que me quieran proscribir y llevarme presa. Ojo con eso…», intentó persuadir a Ortiz, apelando a que sus hijas menores de edad quedarían desamparadas si a ella la enviaban al penal.
