El expediente judicial por el manejo del campo estatal El Caburé ingresó en una nueva etapa tras una decisión que marca un hecho político relevante: fue el propio Gobierno provincial el que presentó la denuncia penal para que la Justicia investigue presuntas irregularidades administrativas. Como resultado de esa presentación, el Poder Judicial citó a indagatoria a Darío Oviedo Helfenberger, acusado de defraudación en perjuicio de la administración pública.
Según el oficio judicial fechado el 11 de diciembre de 2025 en Villa Mercedes, se fijó para el 23 de diciembre a las 9 una audiencia multipropósito destinada a levantar el secreto bancario y formular cargos contra Oviedo, a quien se considera sospechoso del delito de defraudación contra la administración pública, en calidad de autor, conforme a los artículos 173 inciso 7° y 45 del Código Penal.
La causa se inscribe en una investigación más amplia sobre la posesión y explotación del predio El Caburé, ubicado entre Batavia y Buena Esperanza, y que estuvo bajo la órbita del Estado provincial luego de la rescisión del contrato con la empresa El Caburé S.A. en diciembre de 2017, mediante el Decreto Nº 8143-MMACyP-2017.
La ampliación de la denuncia
En ese marco, Fiscalía de Estado días pasados amplió la denuncia penal y puso el foco en los exministros de Producción del gobierno de Alberto Rodríguez Saá: Sergio Freixes, quien ocupó el cargo entre 2017 y 2019, y Juan Lavandeira, ministro entre 2019 y 2023. La presentación fue realizada por el fiscal adjunto Rafael Berruezo, quien sostuvo que durante ese período los funcionarios denunciados tuvieron a su disposición el campo, pero no existen constancias administrativas claras sobre su explotación, las cosechas ni el destino de los animales.
De acuerdo con la denuncia, si bien el decreto de 2017 dispuso rescindir el contrato con la empresa privada y tomar posesión del inmueble con intervención de Escribanía de Gobierno, esa toma de posesión nunca se concretó efectivamente. A ello se suma que un recurso de revocatoria presentado por la empresa fue rechazado recién cinco años después, en diciembre de 2022, lo que dejó un prolongado período sin control ni registros claros.
“Del estudio de las actuaciones administrativas surge palmario el descuido y el desprecio por el patrimonio provincial”, sostuvo Berruezo en su escrito, y planteó interrogantes centrales para la causa: quién explotó el campo durante esos años, qué ocurrió con las cosechas y los animales, y si existieron beneficios económicos para la Provincia.
Delitos investigados
La ampliación de la denuncia enumera posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y corrupción en general, responsabilidades que podrían extenderse también a jefes de programa con injerencia directa en la administración del predio.
Hasta el momento, según consta en la presentación judicial, no se halló documentación que acredite movimientos productivos ni beneficios para el erario público, lo que habría provocado un perjuicio económico significativo para la Provincia.
Un dato político central: más allá del avance judicial concreto, el caso El Caburé deja un dato político que el oficialismo busca subrayar: es el propio Estado el que decidió denunciar y pedir que la Justicia investigue el manejo del patrimonio.
