La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, ordenó la inhibición general de bienes del ex director de Vialidad Provincial, Héctor García Quiroga, en el marco de una causa por presuntas irregularidades administrativas y patrimoniales cometidas durante su gestión. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción N° 1, que también pidió —y obtuvo— la prohibición de salida de la provincia y la firma mensual en el libro de imputados. Las dos últimas restricciones regirán por seis meses; la inhibición de bienes se mantendrá vigente hasta el cierre del proceso judicial.
El fiscal Francisco Assat, junto a Juan Pablo Díaz Estopiñán, imputó a García Quiroga por peculado, calificando el delito como «continuado» por la multiplicidad de conductas detectadas a lo largo de más de tres años de gestión. Según la Fiscalía, el ex funcionario desvió bienes, servicios y fondos públicos en beneficio propio y de terceros, causando un perjuicio estimado en más de 73 millones de pesos.
Entre los elementos que sustentan la acusación figuran faltantes de equipos tecnológicos —radios, módems, antenas y una notebook asignada al imputado sin registro de devolución—, insumos no localizados y una máquina rodillo hallada en un terreno privado en Nueva Galia sin justificación oficial. También se detectó que la flota vehicular de Vialidad presentaba más del 60% de sus unidades fuera de servicio —descripta en la auditoría como «un cementerio de vehículos»— mientras la provincia seguía abonando los seguros correspondientes.
El punto más resonante de la investigación involucra el consumo de combustible: la repartición habría superado los cupos autorizados por decreto con un excedente estimado en 230.000 litros, valuado en 73 millones de pesos. El fiscal señaló además que el 97% de las cargas se realizaban en una única estación de servicio y que los picos de consumo coincidían con fechas de competencias de rally. García Quiroga era, además de funcionario, piloto de la especialidad en la categoría N2.
La Fiscalía descartó solicitar prisión preventiva al considerar mínimo el riesgo de fuga, dado que el imputado se presentó voluntariamente con su defensor. Sí insistió en el resguardo patrimonial, invocando la Convención de la ONU contra la Corrupción. Por la complejidad de la causa —que aún requiere pericias contables y documentación pendiente de Vialidad— también solicitó extender el plazo de investigación penal preparatoria de cuatro a seis meses.
