La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto impulsado por el Gobierno para autorizar el pago a los dos últimos grupos de acreedores que mantenían litigios abiertos contra la Argentina por el default de la deuda de 2001.
La iniciativa fue aprobada por 139 votos a favor y 97 en contra, lo que permitió completar el trámite legislativo antes del vencimiento del plazo acordado con los acreedores, previsto para el 30 de junio.
El acuerdo contempla el desembolso de 171 millones de dólares: 67 millones para Bainbridge Ltd. y 104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El mecanismo de pago será bajo la modalidad internacional Entrega contra Pago (DVP), que garantiza la cancelación simultánea de los títulos involucrados.
Según el texto aprobado, los acreedores asumirán los costos legales derivados de los litigios y se comprometerán a no inicianuevas acciones judiciales ni interferir en operaciones financieras argentinas hasta que concluya la operación.
Desde el oficialismo sostuvieron que la ley permitirá cerrar un capítulo que lleva más de dos décadas y evitará la continuidad de embargos y medidas judiciales sobre activos argentinos en Estados Unidos, incluidos bienes vinculados al Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF.
Durante el debate, el diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa al señalar que busca terminar con una “herida de deshonra internacional” y destacó que el acuerdo incluye una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados.
La oposición cuestionó la medida por considerar que favorece a los llamados fondos buitre y podría abrir la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento. El legislador de Unión por la Patria Itai Hagman advirtió que la negociación careció de información suficiente, mientras que Miguel Pichetto señaló que el proyecto no especifica la fuente de financiamiento de los pagos.
Por su parte, desde el Frente de Izquierda rechazaron el acuerdo por entender que consolida la dependencia de la deuda bajo jurisdicción extranjera.
El Gobierno, en tanto, defendió el entendimiento al asegurar que permitirá recuperar acciones de YPF que estaban alcanzadas por los reclamos judiciales y reducir el riesgo de futuros embargos sobre activos soberanos.
