A seis años del inicio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, el Congreso de la Nación vuelve a poner bajo la lupa las consecuencias legales y sociales de las restricciones sanitarias. El diputado nacional libertario por San Luis, Carlos Almena, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre el estado de todas las causas judiciales iniciadas bajo el artículo 205 del Código Penal entre 2020 y 2023.
La iniciativa busca que el Ministerio de Justicia de la Nación releve información ante las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la cantidad de personas imputadas, procesadas o condenadas por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El pedido no solo apunta a conocer cuántos expedientes terminaron en condenas firmes, archivos o prescripciones, sino que también exige un reporte sobre las denuncias por abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en dicho período.
En sus fundamentos, Almena sostiene que bajo el amparo de la “emergencia sanitaria” se produjeron excesos y violaciones a los derechos humanos. El legislador hizo especial énfasis en la situación de San Luis, bajo la gestión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, donde se aplicaron medidas estrictas como el cierre de accesos, restricciones al transporte y circulación interna por terminación de DNI, lo que calificó como un escenario de “caos y desabastecimiento”.
El proyecto destaca dos casos ocurridos en territorio puntano que simbolizan el “lado B” de la cuarentena:
• Magalí Morales: Detenida en Santa Rosa de Conlara por violar el aislamiento y hallada muerta en una celda dos días después. La fiscalía sostiene actualmente que fue víctima de tortura psicológica y tratos degradantes por parte del personal policial, lo que la habría llevado a quitarse la vida.
• Franco Gastón Maranguello: Un adolescente de 16 años hallado sin vida en una comisaría de Villa Mercedes tras ser demorado por una supuesta infracción a las restricciones sanitarias.
A través de esta auditoría nacional, el diputado pretende esclarecer el impacto del ejercicio abusivo del poder durante el confinamiento. El proyecto deberá ser tratado ahora en las comisiones de la Cámara de Diputados para determinar si el Estado nacional finalmente brindará respuestas sobre el destino de los miles de ciudadanos judicializados y las víctimas de abusos policiales durante la pandemia
