Por Marina Rubio
La denuncia que Carlos Desiderio Díaz, un abogado de Villa Mercedes, asentó contra el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, está teniendo el curso que su impulsor pretende. Es así desde un primer momento, pues comenzó a tener efectos a su favor ya cuando un colega del propio magistrado, el juez de Garantías 1 Alfredo Cuello, se pronunció en contra de su par y en una resolución, alejada de cualquier decoro jurídico, le reprochó que se “puso los pantalones cortes” cuando él le había aconsejado que se colocara “los largos”. El 23 de septiembre el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis resolvió también hacer lugar a lo planteado por Díaz y suspendió de un momento a otro a Ortiz, con el único derecho de permitirle cobrar la mitad de su sueldo.
El procurador General de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, se hizo eco de todo y formuló acusación. Según explicó el denunciante, el procurador se basó en tres causales: “por mal desempeño (de Ortiz), por desconocimiento del derecho (también del juez villamercedino) y graves hechos que afectan al prestigio del Poder Judicial”. Lo acusó, básicamente, de falsedad ideológica.
Pese a tanto viento en contra, el suspendido magistrado decidió enfrentar el juicio y el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis ya le puso fecha. Será el 15 de diciembre, en la ciudad de San Luis, informaron los voceros del Poder Judicial. Comenzará a las 9 y tendrá lugar en calle 9 de Julio 934, donde antiguamente funcionaba la Casa de Gobierno.
Para dicho debate están previstos, en total, ocho testigos. Cuando Roberto Pereira, el defensor del juez, respondió a la acusación anticipó que, por su parte, presentarán tres. Entre ellos, dos fiscales y un periodista de Villa Mercedes.
Según le explicó una fuente a este medio, el jury es un proceso que no suele demorar más de dos días. Por lo general, inician el debate, declaran los testigos, ventilan las pruebas y en una misma jornada la causa suele tener una resolución. Un fallo en contra de Ortiz podría significar su destitución, así como el ejercicio de algún otro cargo público.
El Jurado estará presidido por el juez Jorge Alberto Levingston e integrado por los abogados Daniel Cesar Calderón, María Claudia Uccello, Mauricio Secundino Daract, Carlos Leonardo García, Fernando Aníbal Suarez y los diputados Carlos Roberto Pereira, Christian Ariel Gurruchaga y Lino Walter Aguilar, detallaron los portavoces judiciales.
Tamaño revuelo fue iniciado por Díaz quien, por voluntad propia y como cualquier hijo de vecino, se presentó en los tribunales y denunció a Ortiz porque, en marzo, intentó apartarse de la causa Molino Fénix; aquella polémica que tiene imputados por un pesado combo de delitos a unos cinco exfuncionarios del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
El letrado que litiga en el fuero civil y laboral, en principio, apuntó contra el ahora suspendido magistrado no solo por la escandalosa causa Molino Fénix, sino también porque, según él, el juez ejerció presión sobre una fiscal. La “presión” de la que hablaba fue instar a la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que investigara una causa sobre un hecho muy delicado. De todas maneras, el caso que debía indagar Daniela Torres quedó en la nada porque dicha letrada renunció a su cargo de fiscal instructora hace poco, cuando vio que se le venía encima un jury por varios allanamientos irregulares que ordenó, en los cuales secuestró dinero que jamás devolvió.
La denuncia por esa supuesta “presión” hacia la exfiscal para que hiciera su trabajo fue desestimada por el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis, pero la otra no. El defensor de Ortiz, en su contestación de 102 páginas, no ocultó su sorpresa al ver que tan frágil e insignificante denuncia haya llegado tan lejos al punto de iniciarle un juicio a un juez, a causa de un abogado que se presentó como “ciudadano” a acusar al magistrado por un interés que permanece todavía en las sombras.
Pereira sostiene que el intento de apartamiento de su cliente en la causa Molino Fénix puede ser interpretada, cuanto mucho, como una falta, pero jamás como un grave delito que pone en tela de juicio el prestigio del Poder Judicial. Máxime cuando si hay algo que falta en los pasillos de los tribunales de San Luis, hogar del “debido proceso”, es precisamente justicia.
