El juez de Garantía N° 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes, dispuso extender la investigación contra tres exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá imputados de robarle al Estado mediante cargas de combustible en sus vehículos particulares y fraguar los comprobantes para que pareciera que lo cargaban en vehículos oficiales. Se trata del exministro de Producción, Luis Marcelo Amitrano, el exministro de Transporte, Sebastián Anzulovich, y el excomisario de la Policía Marcelo Enrique Balbo.
Flores Leyes resolvió prorrogar por ciento veinte días la Investigación Penal Preparatoria (IPP), a partir de una solicitud de la fiscal de Instrucción en lo Penal N° 6, Linda Maluf, con la adhesión de la Fiscalía de Estado. Asimismo, dispuso mantener las medidas de coerción vigentes sobre los imputados.
Los imputados fueron representados por sus abogados defensores Roberto Bracco (quien participó de la audiencia de manera remota), por Balbo; Marcos Rubio, por Anzulovich; y Carlos Bianchi Durán, por Amitrano. Fiscalía de Estado estuvo representada por la abogada Florencia Bustos Samperisi.
Durante la audiencia, la fiscal Maluf sostuvo que aún restan producir diversas pruebas, entre ellas requerimientos de información a distintos organismos públicos y entrevistas a personas de interés para la causa. Argumentó que se trata de una investigación compleja, con varios imputados y diligencias pendientes que podrían derivar en nuevas medidas de prueba.
Asimismo, pidió mantener las medidas de coerción vigentes, consistentes en la obligación de firmar el libro de control en forma periódica, la prohibición de salir del país y las medidas patrimoniales de inhibición general de bienes y embargos preventivos sobre algunos de los imputados, al considerar que resultan necesarias para garantizar el desarrollo del proceso y resguardar un eventual recupero patrimonial.
La defensa no formuló oposición a la extensión del plazo de investigación, aunque solicitó que revisaran las medidas de coerción.
Tras escuchar a las partes, el juez Flores Leyes hizo lugar al pedido fiscal. Consideró que la complejidad de la causa y las medidas de prueba pendientes justifican la extensión de la Investigación Penal Preparatoria.
Respecto de las medidas de coerción, entendió que continúan siendo razonables y proporcionales a la naturaleza de los hechos investigados y que resultan adecuadas para asegurar los fines del proceso, por lo que resolvió mantenerlas en los mismos términos en que habían sido impuestas.
