L as acusaciones contra quien hasta hace un par de meses se desempeñaba como fiscal de instrucción 2 de Villa Mercedes, Daniela Cristina Torres, ya toman forma. Y cuanto más sólidas se vuelven más datos oscuros y de corrupción salen a la luz. El jueves, en los Tribunales de Villa Mercedes, fue imputada formalmente por “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “Desobediencia a una orden judicial” en dos hechos. Ambos delitos se habrían dado en medio de una investigación por un robo y un hurto, en el que la exfuncionaria ordenó un allanamiento, secuestró casi medio millón de pesos, que no tenían relación con la causa en sí, y luego se resistió hasta último momento a devolvérselo a la damnificada. Por eso, en mayo, la suspendieron de sus funciones e iniciaron un Jury contra ella. Según le confirmó una alta fuente a Todo Un País, en ese procedimiento de enjuiciamiento también la investigan por haberse quedado con dinero que incautaron en otra requisa, en la que buscaban elementos robados, pero hallaron drogas y las ganancias de sus ventas. La ex representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) devolvió los estupefacientes, pero no los billetes. Luego de mucho insistir, desde el Juzgado Federal lograron que entregara algo de esa plata y lo que faltaba lo extrajo de su propia cuenta bancaria.
En la audiencia presidida por el juez de Garantías de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, los fiscales de la Tercera Circunscripción, Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri, sostuvieron que “la doctora Torres incumplió con su deber legal de remitir el dinero secuestrado a la Oficina de Secuestros Judiciales, tal como lo establece la Ley, omisión que impidió garantizar la identidad, integridad, trazabilidad y cadena de custodia de los fondos incautados”.
Molina y Giampieri señalaron las pruebas que complican a su colega, tales como oficios, actas de secuestro de allanamiento, acta de ingreso de elementos a la Oficina de Secuestros Judiciales, entre otras. Tras formular las imputaciones, le solicitaron al juez 60 días para proseguir con las averiguaciones.
Robo, hurto y plata
La causa que destapó todo fue una que en los expedientes judiciales figura como “Sosa Facundo Josué-Rodríguez Manuel Alejandro- Hurto y Robo con arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso real”. Como parte de las supuestas averiguaciones, Torres ordenó el allanamiento del domicilio de los sospechosos, quienes viven con su madre. La indicación que les había dado a los efectivos era que incautaran dólares.
Pero en el procedimiento, el personal policial no halló los billetes verdes, pero sí pesos argentinos. Igualmente, la fiscal dispuso el secuestro de ese dinero porque, a su entender, provenía de la venta de los dólares.
María Lorena Rodríguez, la madre de los sospechosos, no tardó en poner el grito en el cielo. Fue hasta los Tribunales y solicitó el reintegro del efectivo que le llevaron. Según explicó, no les pertenecía a sus hijos, sino que era suyo.
El 16 de octubre el juez de Garantías, Matías Farinazzo Tempestini, le ordenó a la fiscal instructora la devolución del dinero a la mujer. La exfuncionaria le afirmó al magistrado que todo estaba en una cuenta judicial de la Procuración. Luego de varios días y muchas vueltas, el 29 de octubre, Rodríguez recibió en la Comisaría 29°, a donde había ido la fiscal imputada, la suma de 455 mil pesos. Es decir, no la totalidad de lo que le habían incautado, que fue 473.020 pesos.
Más tarde Farinazzo Tempestini corroboró que la representante del MPF le había faltado a la verdad cuando le aseguró que la plata estaba en una cuenta judicial de la Procuración. El magistrado averiguó si era así y comprobó que Torres le había mentido.
