La Fiscalía de Estado de San Luis presentó un recurso de casación contra la sentencia que condenó parcialmente a la exfuncionaria Cinthia Ramírez, en el marco de una causa por presuntas maniobras de corrupción vinculadas al manejo de fondos públicos.
El planteo judicial apunta a tres núcleos centrales: la absolución en uno de los hechos investigados —la compra de un colectivo—, la omisión de aplicar el delito de peculado en el manejo de transferencias estatales y la falta de consideración de la gravedad institucional del caso.
Según el escrito, la resolución del tribunal presenta “defectos estructurales de fundamentación” y configura un caso de arbitrariedad, en los términos de la doctrina de la Corte Suprema.
El punto más cuestionado: la absolución por el colectivo
Uno de los ejes del recurso es la decisión del tribunal de absolver a Ramírez por el hecho vinculado a la adquisición de un colectivo, bajo el argumento del “beneficio de la duda”.
Para la Fiscalía, esa conclusión carece de sustento: sostiene que el fallo no explica cuáles son las dudas, de dónde surgen ni por qué la prueba de cargo no alcanza para superarlas.
“El tribunal no analiza, no pondera y directamente elude el tratamiento del hecho”, señala el recurso, que advierte que no hubo una reconstrucción del proceso ni una evaluación integral de la prueba.
En ese sentido, se cuestiona que no se hayan considerado elementos clave, como: la intervención inicial de la imputada en el trámite, el uso de una factura proforma que ya fijaba proveedor y precio, una pericia que indicaba sobreprecio y deficiencias del vehículo y el destino final del colectivo en una entidad privada vinculada a la propia funcionaria.
Para la querella, todos esos elementos, analizados en conjunto, configuran una maniobra estructurada de defraudación al Estado.
El debate por el peculado
El segundo punto fuerte del recurso es la crítica a la calificación jurídica del otro hecho investigado: las transferencias de fondos públicos al San Luis Fútbol Club.
Si bien el tribunal condenó por negociaciones incompatibles con la función pública, descartó el delito de peculado. La Fiscalía sostiene que esa exclusión es incorrecta.
El argumento es que quedó acreditado que los fondos eran públicos, la imputada tenía control funcional sobre su destino, y terminaron beneficiando a una entidad privada que ella misma presidía.
En ese marco, el recurso afirma que no se trata de una diferencia interpretativa, sino de una “errónea aplicación de la ley penal”, ya que los hechos probados encuadran en una figura más grave.
Corrupción y gravedad institucional
Más allá de los aspectos técnicos, el planteo introduce una dimensión política e institucional: sostiene que el caso debe ser analizado como un fenómeno de corrupción y no como una simple irregularidad administrativa.
Según la Fiscalía, el fallo omitió valorar la concentración de poder en la funcionaria, el uso de estructuras estatales para fines privados, y el impacto sobre la confianza pública. También cuestiona que no se hayan aplicado estándares internacionales en materia de corrupción, que exigen una respuesta judicial más rigurosa frente a este tipo de conductas.
Los próximos pasos
El recurso pide que se revise la sentencia y que se dicte un nuevo pronunciamiento que contemple una valoración integral de la prueba, una correcta calificación jurídica y una pena acorde a la gravedad del caso. En paralelo, se dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de la Nación si la revisión local no prospera.
La definición del tribunal superior será clave no solo para el futuro de la causa, sino también para fijar el estándar con el que la Justicia de San Luis aborda los casos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos.
