Un rastreo hecho por una plataforma de Estados Unidos, que monitorea en la internet para combatir la explotación sexual infantil, permitió descubrir que un vecino de la ciudad de San Luis distribuía material de abuso sexual infantil (MASI). A partir de ese alerta intervino la Justicia puntana, que ahora imputó al investigado. Si bien la fiscalía actuante pidió su prisión preventiva, el juez entendió que no era necesario privarlo de la libertad.
La fiscal adjunta Marisol Boschi, de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1, formuló cargos al investigado, del que no se divulgó la identidad, por “publicación, facilitación, divulgación y distribución de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años”.
Según expuso la fiscal en la audiencia de formulación de cargos, la investigación se inició a partir de un informe generado por el sistema de investigación estadounidense denominado Internet Crimes Against Children Child On-line Protection Systems (ICACCOPS). Se trata de una plataforma que monitorea el tráfico de archivos en internet para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.
Este sistema detectó actividad compatible con el intercambio de material de abuso sexual infantil en redes de intercambio de archivos conocidas como peer to peer, por ejemplo, Bit Torrent o Ares.
A partir de ese reporte, se identificó una dirección IP localizada en la ciudad de San Luis que registraba actividad vinculada con este tipo de contenidos. IP (Protocolo de Internet) es una etiqueta numérica única e irrepetible que identifica a cualquier dispositivo (computadora, celular, router) conectado a una red.
Tras las tareas de investigación realizadas por la División de Delitos Complejos, se solicitó una orden de allanamiento en un domicilio de la zona céntrica de la ciudad, donde se secuestraron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Posteriormente, se ordenaron pericias informáticas sobre los equipos.
De acuerdo con lo informado por la fiscalía, el análisis pericial arrojó resultados positivos respecto de la presencia de material de abuso sexual infantil en dispositivos pertenecientes al imputado. En uno de los celulares detectaron numerosos archivos vinculados a este tipo de contenido, además de aplicaciones que permitirían navegar en internet de manera anónima o con mecanismos de ocultamiento de actividad.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por 120 días, al advertir que hay riesgos procesales si el imputado permanece en libertad: que intente fugarse o entorpezca la investigación, ya que podría borrar, alterar o eliminar evidencia digital.
El Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, rechazó el pedido de prisión preventiva. Sostuvo que el imputado no posee antecedentes penales, cuenta con domicilio y siempre ha estado a derecho, además de que los dispositivos secuestrados ya están bajo control judicial.
En desacuerdo con el criterio y la determinación del juez,l finalizar la audiencia, la fiscalía anunció que apelará ante el Tribunal de Impugnación su decisión de dejar en libertad al imputado.
No era sólo tenencia
La fiscalía sostuvo que, además de la presencia del material, detectaron el uso de plataformas de intercambio de archivos que permiten compartir contenidos con otros usuarios de internet, lo que —según la acusación— ubicaría la conducta investigada más allá de una simple tenencia. Por eso sumó la imputación de distribución de MASI.
