La actuación de la fiscal adjunta Alejandra Quiroga Nassivera volvió a quedar bajo cuestionamiento a partir de un nuevo expediente que se suma a la controversia abierta por la causa de la cuenta institucional de la Secretaría de las Juventudes. Se trata de un caso vinculado a la compra de equipamiento contra incendio para la Policía de San Luis que, según denunciantes oficiales, no cumpliría con las especificaciones técnicas exigidas en la licitación pública.
El nuevo frente judicial refuerza las críticas que ya pesaban sobre la funcionaria por su intervención en la investigación sobre la presunta apropiación de la cuenta oficial de Instagram —creada en 2017 para difundir políticas públicas y luego convertida en el canal privado “TUKI TV”—, donde la fiscal se opuso a profundizar la pesquisa pese a que la jueza de Garantías N.º 4, Luciana Paola Banó, ordenó continuarla. Ahora, el foco se amplía.
La compra bajo sospecha
El 10 de febrero de 2025 se inició la Licitación Pública Nº 43 MHeIP–DCyC-2025 para la adquisición de equipamiento contra incendio forestal y estructural. Tras la evaluación de ofertas, el proceso fue adjudicado a la empresa HUACO S.A. sobre la base de que el equipamiento cumplía la norma NFPA 1971, estándar internacional exigido para indumentaria de bomberos estructurales.
El material fue recibido el 3 de julio de 2025 y pagado el 16 de julio. Sin embargo, al enviarse las prendas para su ploteo identificatorio surgió una inconsistencia relevante: las etiquetas indicaban que la indumentaria respondía a la norma NFPA 2112, distinta a la requerida en el pliego.
La diferencia no es menor. La NFPA 1971 establece protección multicapa de máxima resistencia térmica para bomberos estructurales, mientras que la NFPA 2112 está orientada a incendios repentinos en ámbitos industriales y posee menores exigencias frente a incendios estructurales. Según fuentes técnicas, el uso de equipamiento inadecuado podría comprometer la seguridad del personal y, además, implicaría una diferencia de valor económico entre ambos estándares.
Dos denuncias, dos respuestas
Frente a la irregularidad detectada se presentaron dos denuncias penales. La primera (PEX 458953/25), impulsada por el Director de Presentación y Gestión de Emergencia del Ministerio de Seguridad, quedó en manos de la fiscal adjunta Alejandra Quiroga Nassivera. En ese expediente, la funcionaria dispuso el archivo al considerar que el hecho no constituía delito y sin ordenar —según los cuestionamientos— medidas de investigación como pericias, pedidos de informes o toma de testimonios. La decisión fue apelada por Fiscalía de Estado y actualmente se encuentra a la espera de revisión judicial.
La segunda denuncia (PEX 467056/25), presentada por el jefe de Bomberos de la Policía provincial y basada en los mismos hechos, siguió un camino distinto. En este caso interviene la fiscal María Belén Lucero Suárez, quien sí impulsó diligencias probatorias: libramiento de oficios, requerimiento de informes y otras medidas orientadas a verificar la irregularidad denunciada.
El contraste entre ambos expedientes —idénticos en su origen pero con respuestas procesales opuestas— es hoy uno de los principales puntos de debate en ámbitos judiciales y políticos.
Un patrón bajo observación
La nueva controversia se superpone con el conflicto ya abierto por la causa de los activos digitales de la Secretaría de las Juventudes. En ese expediente, Quiroga Nassivera había dictaminado inicialmente que no estaba acreditado que la cuenta perteneciera al Estado y sostuvo que podía tratarse de la actividad de un particular.
La jueza Banó rechazó esa postura, definió los activos digitales institucionales como parte del patrimonio público y ordenó continuar la investigación. La fiscal, en lugar de impulsar nuevas medidas, apeló la resolución por considerar que la continuidad del proceso resultaba perjudicial para el Ministerio Público Fiscal.
Ese movimiento ya había generado críticas por la escasa actividad investigativa atribuida a la fiscalía y por el hecho de que buena parte de las medidas probatorias habían sido promovidas por Fiscalía de Estado.
Contexto político e institucional
El desempeño de Quiroga Nassivera se analiza además a la luz de su nombramiento, producido durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, apenas semanas antes del cambio de gobierno del 10 de diciembre de 2023. Ese dato es mencionado por sectores judiciales y políticos que advierten sobre el eventual impacto institucional de decisiones que podrían beneficiar a exfuncionarios señalados en distintas denuncias.
Con el nuevo expediente sobre la compra de equipamiento para bomberos, la discusión dejó de circunscribirse a un caso puntual y comenzó a instalarse como un debate más amplio sobre los criterios de impulso de la acción penal dentro del Ministerio Público Fiscal.
La resolución de las apelaciones en curso —tanto en la causa de los activos digitales como en la compra del equipamiento— será clave para determinar si las investigaciones avanzan o si, por el contrario, los cuestionamientos a la actuación fiscal continúan escalando en el plano judicial e institucional.
