La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6 de San Luis imputó este lunes a Marcelo Enrique Balbo, Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano por los delitos de peculado y fraude contra la administración pública en perjuicio del Estado provincial.
La acusación, presentada ante el Juzgado de Garantía Nº 3 a cargo del juez Marcos Flores Leyes, señala que los hechos investigados ocurrieron entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del Ministerio de Producción de la provincia.
Según la Fiscalía, durante ese período se registraron 356 cargas de combustible a una camioneta oficial Toyota Hilux asignada al Ministerio. Sin embargo, el vehículo fue encontrado en diciembre de 2023 en estado de abandono en el domicilio de Balbo, con daños y el motor desmontado, lo que puso en duda el destino real de los gastos cargados a nombre de ese rodado.
La investigación sostiene que el combustible no se habría destinado al uso autorizado del vehículo oficial, sino que podría haber sido desviado para otros fines, generando un impacto económico estimado en más de 20 millones de pesos.
En la causa, la Fiscalía atribuye a Amitrano, como exministro de Producción, la responsabilidad primaria sobre la administración de los recursos y vehículos oficiales; mientras que Anzulovich, en su rol de exsecretario de Transporte, tenía competencia directa sobre la flota vehicular. Balbo, por su parte, habría intervenido directamente en la utilización del vehículo implicado.
La Fiscalía de Estado adhirió a la acusación y respaldó la denuncia que dio origen a la causa. Por su parte, las defensas de los tres imputados cuestionaron la formulación de cargos, argumentando que la acusación sería imprecisa y que no se acreditaría dolo o beneficio personal.
Entre las primeras medidas adoptadas, el juez ordenó la firma periódica del libro de imputados, la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes de los tres exfuncionarios mientras avanza la investigación.
El caso se suma a una serie de causas que ponen bajo la lupa el manejo de recursos públicos durante gestiones anteriores en la provincia de San Luis, y podría avanzar hacia nuevas etapas procesales conforme se sumen pericias contables e informes oficiales que determinen con precisión el grado de perjuicio económico y la participación de otros posibles involucrados.
