El juez de Garantía N° 4 subrogante, Juan Manuel Montiveros Chada, prorrogó por sesenta días las medidas de coerción contra Luciano Anastasi y Claudio Latini, ambos exministros de Seguridad del gobierno provincial durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá; el exintendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto ‘Pipi’ Alí; y los exintendentes de San Francisco, Jeremías Vivas, y de Cortaderas, Mario Canali.
En su decisión, el magistrado dispuso la continuidad de la inhibición general de bienes para todos los imputados y la obligación de firmar periódicamente entre el 1 y el 10 de cada mes. Limitó la prohibición de salida de la provincia únicamente a los imputados Canali, Vivas y Latini.
Las medidas fueron solicitadas por la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, en una audiencia que se realizó el viernes pasado, en la Sala de Oralidad N° 1. Al fundamentar el pedido, Alcaraz remarcó que se trata de medidas de carácter leve dentro del Código Procesal, pero necesarias para asegurar que los imputados permanezcan a derecho durante el desarrollo del proceso penal.
En particular, subrayó la importancia de la inhibición de bienes como herramienta para garantizar el eventual cumplimiento de una condena, especialmente en causas que involucran el manejo de fondos públicos.
Los cinco ex funcionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la imputación, mientras ejercía como ministro de Seguridad, Anastasi suscribió convenios con intendentes locales que preveían millonarias refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y establecían anticipos de hasta el 40% del monto total. Sin embargo, sostuvo la fiscal, se realizaron desembolsos que superaron ampliamente lo pactado, sin que existiera inicio, avance ni finalización de las obras comprometidas.
Posteriormente, bajo la gestión de Latini como ministro, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” y bajo el argumento de la inestabilidad económica y crisis inflacionaria, pese a que ya se habían efectuado las transferencias millonarias. Informes técnicos y constataciones judiciales de 2023 y 2024 confirmaron que los trabajos nunca se realizaron y que los sitios permanecían en estado de abandono.
