L a decisión de la provincia de Río Negro de iniciar juicios ejecutivos contra obras sociales morosas encendió una alerta nacional y, al mismo tiempo, puso en perspectiva el escenario que enfrenta San Luis: un sistema de salud que también acumula una deuda millonaria por prestaciones brindadas a afiliados con cobertura y que evalúa activar un mecanismo de reclamo más exigente.
El Fiscal de Estado rionegrino, Gastón Pérez Estevan, confirmó que la provincia comenzó a ejecutar judicialmente las deudas acumuladas por obras sociales que no pagaron las prestaciones que sus afiliados recibieron en hospitales y centros de salud públicos.
La estrategia se apoya en una nueva ley provincial que autoriza a reclamar estos créditos. Desde que Nación dejó de compensar este tipo de recupero, el Estado rionegrino quedó obligado a absorber costos que debían cubrir las obras sociales. Ante la falta de respuesta de las entidades, Río Negro inició una serie de juicios ejecutivos que ya están en etapa de traslado de demanda.
La raíz del problema es compartida por todas las provincias: el sistema público financia atenciones que ya fueron cobradas por las obras sociales mediante los aportes de los trabajadores. San Luis detectó una deuda que equivale a dos hospitales y avanza en su proceso de reclamo
En San Luis, la ministra de Salud, Teresa Nigra, expuso la magnitud del problema: 33 obras sociales le deben a la Provincia casi $4.700 millones, una cifra equivalente —según graficó— al costo de construir dos hospitales nuevos: el de Unión y el “René Favaloro” de Villa Mercedes.
A eso se suma la deuda histórica que afecta al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, el retraso en el recupero de gastos de marzo y abril, y un caso crítico: IOMA debe $763 millones a DOSEP desde 2017.
Nigra explicó que el Ministerio ya agotó todas las vías administrativas: llamadas, mails, reuniones e intimaciones. El paso siguiente, dijo el 2 de julio, es “abrir el camino legal”, lo que incluye cartas documento y eventuales apremios ejecutivos para reclamar los pagos, en caso de persistir la morosidad. San Luis no judicializó aún, pero se puede decir que se encuentra en la antesala del proceso, ordenando y documentando los pasos formales que exige la vía legal.
El impacto no es solo contable: la deuda compromete la compra de insumos, prótesis, equipamientos y políticas de emergencia. Además, el 40% del recupero integra los haberes del personal de salud, por lo que su caída reduce automáticamente los ingresos del sector. Una tendencia nacional: las provincias ya no absorberán el costo de la morosidad
La simultaneidad entre el caso de Río Negro —que ya judicializa— y el escenario de San Luis —que avanza en la ruta previa al reclamo legal— permite delinear una tendencia: los Estados provinciales dejaron de tolerar que las obras sociales utilicen prestaciones del sistema público para financiar su funcionamiento.
Tres factores explican este giro:
1. El fin de los mecanismos nacionales de compensación, que trasladó el costo a las provincias.
2. La inflación médica, que multiplica los montos adeudados y erosiona los presupuestos provinciales.
3. La falta de respuesta sostenida de las obras sociales, que retienen aportes sin trasladar fondos a los hospitales donde efectivamente se atienden los afiliados.
