San Luis avanza en un proceso clave para la modernización del agro y la regulación ambiental: la creación del Registro Provincial de Drones Aplicadores de Fitosanitarios, una herramienta que permitirá ordenar el uso de esta tecnología, cada vez más extendida en la agricultura local. Pero, más allá de la iniciativa estatal, el movimiento generó una fuerte expectativa en el sector privado, que ve en este paso un respaldo necesario para el crecimiento de una actividad emergente.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable convocó hace una semana a seis empresas operadoras, TerraWings, Demichelis, AgroCarrisal, DyL-Agrodrones, FLY-IN S.R.L. y Green Drone, para analizar el marco legal vigente y avanzar en la redacción de normas específicas para la actividad. Allí se confirmó que los drones quedarán incorporados a las condiciones ya establecidas por la Ley Provincial Nº 320-2004 para las aplicaciones aéreas, sin necesidad de modificar la legislación.
El encuentro también dejó definiciones importantes. En 2026, San Luis implementará la receta digital para todas las aplicaciones, terrestres y aéreas. Además, se establecerán requisitos como normas IRAM para procedimientos, manual de buenas prácticas, análisis de deriva, tiempos de trabajo permitidos, cursos avalados por ANAC, matriculación con número de serie y verificaciones técnicas.
Un sector joven que pide reglas claras
En la provincia operan alrededor de 50 drones agrícolas, un parque que crece año a año. Las empresas destacan que, a medida que la actividad se expande, aumentan también las necesidades de regulación, formalización y control.
Rodrigo Becerra, socio de Green Drone, empresa con base en Villa Mercedes, calificó la reunión como “muy positiva” y puso el foco en el impacto que tendrá para el sector privado.
“Hay que resaltar la intención del Gobierno de formalizar una actividad laboral emergente, con mucha salida laboral y enorme potencial para el agro. Necesitamos un respaldo legal para trabajar de manera consciente y formal. Este registro nos va a permitir crecer, consolidarnos como empresas prestadoras de servicios y tener sustentabilidad en el tiempo”, expresó consultado por Todo Un País.
Becerra considera que el proceso regulatorio no solo mejora la seguridad de las operaciones, sino que también favorece el desarrollo económico: “Lo que está haciendo la provincia nos ayuda a transformarnos en futuros empresarios del sector, con reglas claras y oportunidades reales de crecimiento. Se necesita control para quienes operan en la provincia y para quienes vienen de afuera”.
Otra de las voces consultadas fue la de Juan Magrini, propietario de Agro Carrizal, con sede en Villa del Carmen. El joven empresario valoró especialmente el consenso logrado entre el Estado y las firmas participantes.
“La reunión estuvo muy buena, se dieron muchas puestas en común y llegamos a conclusiones importantes. Se necesita un mejor control, tanto para quienes vuelandentro de la provincia como para quienes ingresan desde otras jurisdicciones”, opinó.
Magrini señaló un problema frecuente: la llegada de operadores de otras provincias sin permisos específicos: “Hoy cualquiera puede venir a trabajar a San Luis sin autorización y eso puede generar accidentes. Está bien que se exija reglamentación para quienes llegan desde Córdoba u otros lugares.”
También celebró la incorporación de la receta digital, que permitirá mayor trazabilidad: “Es muy bueno porque se sabe exactamente qué se aplica, dónde y cómo. Aporta transparencia y control. Y al ser digital, es simple: lo hacés desde el celular”.
Para las empresas, uno de los puntos clave fue el plazo de implementación, ya que el sistema entraría plenamente en vigencia en marzo de 2026. “Nos dieron tiempo para hacer todas las certificaciones. Se exige matrícula de la aeronave, curso de piloto profesional, certificado médico de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). Es un esquema serio, y está bien que así sea”, insistió.
Desde la Secretaría de Ambiente aseguran que el registro permitirá ordenar la actividad, aumentar la seguridad para productores y empresas, y fortalecer el rol del Estado en el control técnico y ambiental de las aplicaciones.
Pero, según los operadores privados, el efecto será más profundo al formalizar una industria joven, generar empleo calificado y consolidar un entorno competitivo y seguro para la prestación de servicios en toda la provincia.
En un sector en expansión, donde la tecnología avanza más rápido que las regulaciones, San Luis parece haber encontrado un punto de equilibrio: reglas claras, participación empresarial y un enfoque colaborativo que promete impulsar el desarrollo del agro de precisión en los próximos años.
Receta agronómica digital
Tras nueve años sin actividad, la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) volvió a sesionar y anunció un avance clave para la modernización del control agrícola en San Luis. La creación de la Receta Digital Provincial (Redipro). La herramienta reemplazará el actual sistema en papel, considerado obsoleto por asesores y técnicos, y permitirá registrar aplicaciones de fitosanitarios de manera ágil, georreferenciada y con trazabilidad en tiempo real.
La Secretaría de Ambiente coordinó la reunión, en la que se definió que la Redipro buscará simplificar trámites, eliminar traslados y mejorar la transparencia del uso de productos químicos. Los ingenieros agrónomos destacaron la necesidad de adoptar un modelo eficiente como el de Córdoba, donde el procedimiento es totalmente digital y lleva apenas minutos.
El encuentro también puso sobre la mesa las limitaciones que plantea la estricta ley provincial de distancias mínimas para aplicaciones (1.500 metros de zonas urbanas y 300 de viviendas rurales). Los integrantes de Coprosave coincidieron en la necesidad de revisar algunos puntos para que la receta digital pueda implementarse sin trabas operativas.
La comisión, creada por el Decreto 1962-2014, reunió a representantes del INTA, la UNSL, CIAPA, Cosafi y autoridades ambientales, quienes acordaron continuar trabajando en el diseño del nuevo sistema que busca modernizar y ordenar la sanidad vegetal en la provincia.
