La discusión por el futuro de las aplicaciones de transporte atraviesa a dos ciudades puntanas con realidades opuestas. En San Luis capital, la Asociación de Titulares de Taxis reclama que el Concejo Deliberante trate una ordenanza que regule a Uber y DiDi, y pone como modelo a seguir la norma que Villa Mercedes ya sancionó. Sin embargo, en esa misma ciudad, choferes y usuarios de las aplicaciones se manifiestan hoy en contra de esa ordenanza, a la que consideran una traba económica que pone en riesgo sus ingresos.
El reclamo en San Luis capital
El presidente de la Asociación de Titulares de Taxis de San Luis, Jorge Fernández, explicó que el proyecto de regulación fue presentado hace más de dos años y que, pese a haber tomado estado legislativo hace cuatro meses, sigue sin tratamiento en la Comisión de Transporte.
Fernández remarcó que el pedido no busca prohibir las aplicaciones, sino equiparar las condiciones de trabajo. Entre los puntos centrales que exigen figuran que las plataformas tengan domicilio legal en la provincia, que los vehículos no superen los diez años de antigüedad, que cuenten con identificación visible, seguro para terceros transportados y las habilitaciones correspondientes.
El dirigente también cuestionó que hoy presten el servicio personas con otras ocupaciones formales, como abogados, concejales, policías o médicos, en detrimento de quienes viven exclusivamente del rubro. Ante la falta de avances, desde la Asociación no descartan nuevas medidas de protesta.
La comparación con Villa Mercedes es un argumento central para los taxistas: allí la ordenanza se aprobó en menos de dos meses, mientras que en la capital el expediente lleva más de dos años de demora.
El rechazo en Villa Mercedes
Pero la norma que en San Luis capital se toma como ejemplo despierta fuerte resistencia en la ciudad donde ya rige. Este viernes 17 de julio, choferes, usuarios, estudiantes y familias convocaron a un bocinazo de 10:00 a 10:30 frente a la Municipalidad de Villa Mercedes, bajo la consigna «Sí a Uber, no a la regulación», en rechazo a la ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Deliberante.
El reclamo apunta principalmente a los límites de antigüedad para los vehículos y a los seguros específicos que exige la norma, requisitos que los manifestantes consideran una traba burocrática que amenaza sus fuentes de trabajo.
La protesta tomó mayor impulso luego de que se viralizara un video del dirigente y empresario Valentino Cometto, quien desglosó frente al Concejo Deliberante los costos de cumplir con la ordenanza. Según sus cálculos, iniciar la actividad demandaría 360.000 pesos, entre la recategorización del carnet, sellados, psicodiagnóstico, libreta sanitaria, psicofísico, oblea municipal y habilitación.
A eso se suman gastos anuales como desinfecciones mensuales, inspecciones mecánicas, monotributo y certificado de libre deuda. El ítem que más pesa, según Cometto, es el seguro de uso comercial para pasajeros, que rondaría los 150.000 pesos mensuales, pese a que Uber ya ofrece cobertura propia. Con todos los costos sumados, el dirigente estimó que trabajar en la aplicación bajo la nueva regulación costaría 2.600.000 pesos al año.
Dos miradas sobre una misma norma
El contraste entre ambas ciudades expone las tensiones detrás de la regulación del transporte por aplicaciones: mientras el sector de los taxis reclama reglas parejas frente a una competencia que consideran desregulada, choferes y usuarios de las plataformas advierten hoy, en la calle, que esas mismas reglas pueden dejarlos fuera de la actividad por los costos que implican.
