Sergio Freixes, el ex super ministro de Alberto Rodríguez Saá, que cumple una condena a seis años de prisión por coerción, por haber presionado a jueces para que le firmaran la renuncia anticipada, sufrió un nuevo revés ante la Justicia Penal: un tribunal rechazó una apelación de su defensa en la investigación por haber integrado, presuntamente, una asociación ilícita que defraudó al Pueblo Ranquel. Deberá afrontar una audiencia de imputación el próximo 28 de abril.
El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda Circunscripción Judicial rechazó una apelación presentada por el abogado de Freixes, Pascual Celdrán, y confirmó la resolución dictada el pasado 11 de noviembre, en la audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía Nº 3.
Celdrán había apelado porque, supuestamente, en el trámite de la investigación se había afectado el debido proceso y se había producido una ruptura de la cadena de custodia de catorce biblioratos con prueba documental. Su argumento era que dichos elementos habrían sido retirados de las dependencias del Ministerio Público Fiscal (MPF) por un tercero cuya designación y facultades no estaban acreditadas.
La apelación fue rechazada por la jueza interviniente, Natalia Pereyra Cardini, en la audiencia del 11 de noviembre. Y el 11 de marzo se celebró una audiencia en el Tribunal de Impugnaciones.
La defensa planteó la vulneración del principio de inocencia, del ejercicio pleno del derecho de defensa, y del deber de preservación y cuidado de la evidencia por parte del Ministerio Público Fiscal y su cadena de custodia. Solicitó se declarara nulo todo lo actuado en la causa por asociación ilícita y, en particular, se declarara nula la pericia contable añadida al legajo fiscal.
A la hora de resolver, el Tribunal de Impugnaciones tuvo en cuenta que los biblioratos fueron entregados voluntariamente por la defensa en “un acto procesal libre y consciente realizado en ejercicio del derecho de defensa”, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Además, el Tribunal evaluó que la defensa no logró acreditar —ni siquiera alegar con precisión— cuál sería el perjuicio efectivo, concreto y actual derivado de la supuesta irregularidad. Se limitó a formular conjeturas genéricas sobre posibles adulteraciones o supresiones sin individualizar documento alguno que hubiera sido alterado de manera tal que imposibilitara el ejercicio de su derecho de defensa.
