Con el respaldo del bloque oficialista, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó una ordenanza que prohíbe el accionar de trapitos y lavacoches en la vía pública. La norma fue impulsada por el intendente Gastón Hissa, quien había presentado el proyecto tras reunirse con la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, para atender reclamos de vecinos afectados por prácticas agresivas en el espacio urbano. La votación contó con ocho votos afirmativos del oficialismo. Sin embargo, los concejales del bloque opositor abandonaron el recinto antes de la votación final, cuestionando tanto el contenido del proyecto como el proceso legislativo que lo precedió. Argumentaron que la medida estigmatiza la vulnerabilidad social y que el tratamiento en comisiones fue deficiente.
La ordenanza establece la prohibición de “toda actividad en relación al servicio de lavado, estacionamiento o cuidado de rodados en la vía pública”, y prevé multas que oscilan entre 200 y 500 Unidades Monetarias Municipales (UMM) para quienes la infrinjan. En caso de reincidencia, las sanciones se duplicarán. Cuando se trate de menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus tutores.
Además, se habilita la intervención de la Defensoría de Menores y la Policía de San Luis en situaciones que involucren a niños, niñas o adolescentes, así como la asistencia de la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el Vecino ante casos de vulnerabilidad social. La norma también contempla la creación de un Programa de Capacitación en oficios para quienes se vean afectados por la medida.
Durante el debate, el concejal Mario Silvestri defendió el proyecto argumentando que “debemos regular lo que sucede en el espacio urbano” y destacó un relevamiento que identificó a más de cien personas ejerciendo la actividad, algunos de ellos menores de edad bajo presión de adultos. Su compañera de bancada, Lizbeth Huatay, añadió que la iniciativa responde a un “reclamo constante de comerciantes y vecinos”.
Por su parte, los ediles opositores criticaron que la ordenanza no contemple suficientemente la dimensión social del problema y acusaron al oficialismo de avanzar sin consensos ni diálogo técnico suficiente en el tratamiento legislativo. La Municipalidad informó que habilitará la línea 147 para denuncias ciudadanas y dará intervención a la justicia contravencional y al juez de faltas ante cada caso detectado.
