El juez de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Osvaldo Pinto, tuvo por formulados los cargos contra un hombre de 27 años por el delito de grooming, en una causa que investiga comunicaciones de contenido sexual que habría mantenido con una adolescente que tenía 15 años al inicio de los hechos. El imputado era docente en una escuela de Villa de Merlo a la que asistía la víctima.
“Con el propósito de resguardar la intimidad y evitar la identificación de la adolescente, se omiten los nombres de la víctima y del imputado, ya que la difusión de este último podría permitir identificarla por su vínculo en el ámbito escolar”, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
El juez Pinto concedió 120 días para avanzar con la investigación penal preparatoria y, según lo solicitado por la Fiscalía, dispuso medidas de coerción para asegurar la sujeción del imputado al proceso. El hombre deberá firmar periódicamente el libro de imputados en una dependencia policial y tendrá prohibido salir de la provincia de San Luis durante el plazo de investigación.
Según el relato de la fiscal adjunta Silvina Ayelén Argüello, los hechos investigados habrían ocurrido desde mediados de 2025 hasta mediados de 2026. Durante ese período, el hombre trabajaba como docente en una escuela de Villa de Merlo a la que asistía la adolescente.
La Fiscalía sostuvo que el docente habría entablado comunicación con la adolescente a través de Instagram y WhatsApp, donde le habría realizado preguntas de índole sexual y propuesto encuentros fuera del ámbito escolar. También indicó que, en una de esas conversaciones, le habría pedido que borrara los mensajes.
El 17 de junio de este año la adolescente formuló una denuncia en la que manifestó sentirse acosada y hostigada. La directora del establecimiento educativo también denunció la situación.
Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el hombre como presunto autor material del delito de grooming. La Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, María Luz Vilchez, adhirió al planteo de la Fiscalía y puso de relieve la posición de superioridad derivada de la condición de docente del imputado respecto de la adolescente, quien asistía al mismo establecimiento educativo. Además, informó que el Juzgado de Familia había dictado una orden de restricción.
Argüello señaló que, al tomar conocimiento de los hechos, la directora de la institución solicitó a las autoridades que el docente fuera apartado, medida que se concretó de manera inmediata.
Durante la audiencia, el imputado hizo uso de su derecho a abstenerse de declarar. Su defensa manifestó oposición formal a la formulación de cargos, tomó conocimiento del hecho atribuido y de las evidencias reunidas y pendientes de producción, y anticipó que ofrecerá prueba durante la investigación penal preparatoria.
