L a justicia provincial imputo a los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini; el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También formuló esos cargos contra los ex intendentes Mario Canali (Cortaderas) y Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro).
Como medidas de coerción, dispuso que todos los imputados (excepto Alí, por su carácter de diputado nacional) deban firmar el libro en Fiscalía del 1 al 10 de cada mes durante 120 días y no pueden salir de la provincia por cuatro meses.
Además, ordenó para todos la inhibición general de bienes y la prohibición de contratar con el Estado por el mismo plazo, al considerar que se trata de un delito penal económico con el Estado provincial como principal damnificado. Las medidas son por 120 días.
La magistrada aclaró que la calificación legal es provisoria y que, en esta etapa, solo se valoran evidencias, que podrán convertirse en pruebas en un eventual juicio oral.
“Modus Operandi”
La Fiscal de Instrucción N° 6 de la Primera Circunscripción, Linda Maluf, fue quien formalizó la investigación penal preparatoria contra los cinco ex funcionarios por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos. En el desarrollo de su teoría del caso, la Fiscalía calificó los hechos como parte de un “modus operandi” reiterado: celebración de contratos, liberación de fondos millonarios y posterior rescisión sin rendiciones ni ejecución de tareas.
Por estas presuntas maniobras, el Ministerio Público Fiscal imputó a Anastasi y Latini, ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
En tanto, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, junto a los ex intendentes Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas), fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
Según la imputación, mientras ejercía como ministro de Seguridad, Anastasi suscribió convenios con intendentes locales que preveían millonarias refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y establecían anticipos de hasta el 40% del monto total. Sin embargo, la fiscal sostuvo que se realizaron desembolsos que superaron ampliamente lo pactado, sin que existiera inicio, avance ni finalización de las obras comprometidas. Posteriormente, bajo la gestión de Latini como ministro, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” y bajo el argumento de la inestabilidad económica y crisis inflacionaria, pese a que ya se habían efectuado las transferencias millonarias. Informes técnicos y constataciones judiciales de 2023 y 2024 confirmaron presuntamente que los trabajos nunca se realizaron y que los sitios permanecían en estado de abandono.
Maluf, en compañía de la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, solicitó a la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, como medidas de coerción la firma del libro en Fiscalía, del 1 al 10 de cada mes, la prohibición de salir de la provincia y la inhibición de bienes. La fiscalía de Estado, representada por Santiago Calderón Salomón y Juan Trusendi, adhirió a lo formulado por las fiscales.
