El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la condena por la denominada Causa Vialidad, dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre bienes vinculados a los condenados. Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La propiedad pertenece a Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos sobre los que pesa el objetivo de garantizar el decomiso de $685.000 millones establecido en la sentencia.
La decisión abrió el interrogante sobre la continuidad de Fernández de Kirchner en ese domicilio. Sin embargo, el TOF 2 aclaró que las medidas no implican por ahora una subasta ni la realización inmediata de los bienes, y tampoco modifican su titularidad registral.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las cautelares buscan garantizar la “indisponibilidad jurídica” de los activos mientras avanza el proceso para determinar el decomiso definitivo.
Esta es la segunda etapa de la ejecución patrimonial. La primera contempló 111 propiedades: 20 vinculadas a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otras seis correspondientes a los restantes condenados.
En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio del TOF 2 y ordenó avanzar con el decomiso. Cristina Kirchner y Báez apelaron esa decisión, por lo que la definición sobre ese primer grupo de bienes quedó en manos de la Corte Suprema.
Ahora, el tribunal avanzó sobre un segundo conjunto compuesto por 144 bienes, entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades. También fueron incluidos US$5 millones que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Según el TOF 2, la sentencia estableció una conexión económica y comercial entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner durante el período 2003- 2015. En ese marco, empresas del empresario alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en propiedades y hoteles vinculados a los Kirchner.
Para los jueces, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentada en activos de las sociedades. Por eso, consideraron necesario mantener cautelados los bienes mientras se define su situación jurídica.
