Voy a escribir este artículo en primera persona, en un formato periodístico en vías de extinción; poco usado actualmente, al menos de manera genuina y honesta. También en vista de que muchos se llaman periodistas o comunicadores y solo defienden intereses, que nada tienen que ver con la noble profesión del periodista; entre tantos informar la verdad, generar opinión, vigilar y denunciar cuando las instituciones no funcionan cómo deberían. No; muchos lo hacen por algo tan insignificante, vulgar y poco original como el dinero, mucho dinero. Algo que tiene un precio, pero no un valor.
El formato periodístico del que hablo es el de la columna de opinión. Y la enmarco en un caso que tiene movilizada a la comunidad de Villa Mercedes desde hace más de una década: la desaparición de Abel “Pochi” Ortiz. Las decenas y decenas de procedimientos que la Justicia ordenó y realizó tarde, muy tarde, las presencié a casi todas. Hasta cuando Gendarmería Nacional llegó desde otra provincia para romper el piso de cemento de la cochera de la que siempre fue la principal sospechosa de esa desaparición forzada, la peluquera Alejandra Espinosa, la ex de Abel.
En primera instancia tenía pensado redactar esta noticia como una crónica, como tantas otras que hice sobre juicios. Pero lo que sucedió tanto fuera como dentro de la sala de juicio 1 de los Tribunales de la Segunda Circunscripción hace muy difícil hablar sobre la seriedad de un proceso que pueda llevar adelante el Poder Judicial, y dejan a la vista que se impuso una vez más la injusticia y el mal manejo de las autoridades, de los efectivos policiales y el desconocimiento de la prensa o, al menos de la manera inapropiada que adoptan a veces, propasando los límites de sus tareas.
Los Ortiz, la mañana de este martes, se levantaron animados. Al menos uno de ellos, Ariel, me envió muy temprano un mensaje de WhatsApp para expresar su emoción, la misma que compartía con sus otros ocho hermanos. “HOLA MARINA, BUEN DÍA!! LLEGÓ EL DÍA” y lo acompañó con dos emoticones de dos brazos que significan fuerza. No era para menos, hace una semana que la ansiedad los devoraba.
La familia llegó hasta los tribunales al horario que le había indicado su abogado, antes de las 9 ya estaba allí. A las 9:30 cuando los policías abrieron las puertas del recinto empezaron los problemas. El escándalo ya se anticipaba cuando los oficiales les impidieron a varias personas entrar a la sala, porque debían presentar sus documentos y ellas no contaban con la carta de identidad, pero sí con la versión digitalizada en su celular. El gran obstáculo era, según esgrimieron, que no podían entrar con el teléfono.
Los hermanos del joven desaparecido entendían perfectamente que no debían ingresar aún porque todos fueron citados como testigos y solo podrían presenciar el resto de las audiencias una vez que prestaran declaración. Puesto que permitir que permanezcan todo el juicio, sobre todo antes de dar sus testimonios, podría contaminar o condicionar el relato de los testigos faltantes, perjudicando así el debido proceso.
Pero el alboroto afuera, en los pasillos de los tribunales, era muy grande. Los Ortiz tuvieron que soportar 11 largos años de injustica y que, llegado el momento, los policías seleccionaran quién podía ingresar o no a un juicio oral y público, era otro acto de injusticia.
Entonces esta cronista se comunicó, por el teléfono, con el secretario del Tribunal para comentarle el impedimento insólito que le imponían al público, para ingresar al debate oral en cuestión que, con perdón de la expresión, cualquier “fulano de la esquina” tiene derecho a asistir.
Al cabo de unos minutos, el secretario de Cámara se acercó hasta la puerta de la sala de juicios y habló con los agentes policiales que le negaban el paso a la gente. El letrado les explicó cómo era todo y, en cuestión de segundos, los oficiales les permitieron el acceso a las personas. Fin de ese problema.
En el recinto no cabía ni un suspiro. Ya estaban todos sentados en sus correspondientes lugares. El fiscal de juicio Néstor Lucero, el fiscal instructor Leandro Estrada y, a su derecha, el abogado de los Ortiz, Bautista Rivadera. En el lado opuesto, en el costado izquierdo de la sala, estaba la defensora oficial Rocío Mediavilla, quien representa a la amiga o ahora ya no tan amiga de la ex de Abel, María Vázquez. A su derecha estaba un demacrado Pascual Celdrán, quien supo ser uno de los mejores abogados penalistas de la ciudad y ahora es el nuevo representante del excomisario y presunto amante de la peluquera, Marcelo Cecilio Acevedo. Detrás de los abogados estaban sus asistidos.
El ex jefe de la Comisaría 9° estaba impecable, casi como el alumno de una escuela militar, que debe acatar órdenes. En un breve comentario que mantuvo conmigo contó que, desde hace tres semanas, Hernán Echevarría ya no lo defiende por “cuestiones técnicas”. Todo lo cual hace suponer que el excomisario, quien estudió un tiempo para ser procurador, recurrió a un cambio de estrategia de defensa. A su izquierda estaba Vázquez, alguien a la que pocos le conocían el rostro.
Solo restaban los jueces Sandra Ehrlich, María Eugenia Zabala Chacur y José Luis Flores y la persona más esperada por todos: Espinosa. La única del trío de acusados que está en el penal. Ingresó esposada y escoltada por policías. Se ubicó detrás de su abogado Valentín Rivadera quien, dicho sea de paso, es hermano del Rivadera que representa a los Ortiz.
Entró a la sala, como si fuera una primeriza en procesos penales, mirando a uno y a otro tímidamente, como si en ella solo hubiera inocencia.
Una vez sentada, los gestos cambiaron. Ni siquiera les dedicó una mirada a los otros acusados ni, mucho menos, giró la cabeza para ver si hallaba entre tanto público a algún pariente. La sala estallaba de familiares y amigos que apoyaban a “Pochi”.
Con el rostro inmutable, como siempre, con una ceja levantada con cierto desdén, como si fuera Patrizia Reggione; quien fue la esposa de uno de los herederos del imperio de la moda Gucci y que, luego, tras su divorcio, lo mandó a matar a tiros cuando el hombre estaba en Firenze. Con la diferencia abismal, por supuesto, que Espinosa no vestía trajes de 5 mil euros y tal vez nunca en su vida calzó unos zapatos de diseñador de auténtico cuero italiano. Pero estaba segura, eso sí.
Cuando los magistrados se acomodaron y les dieron la palabra a los fiscales, Estrada ya estaba dispuesto a iniciar cuanto antes con los alegatos de apertura. Pero el que decidió tomar un rol central por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue Lucero, a quien, por desgracia poco se le entiende cuando habla. Casi balbucea, arrastra las palabras y las pronuncia demasiado rápido, además de que en más de una oportunidad ha tratado mal a los testigos, alzándoles la voz, casi a los gritos, como si ellos fueron los acusados.
Pero los alegatos de apertura no sucedieron. Apenas iniciaron la audiencia, tomó la palabra el defensor de la peluquera, colorista, cosmetóloga y etcétera, etcétera. El abogado planteó la suspensión del juicio a prueba y la posibilidad de agilizarlo a través de un juicio abreviado. Se trata de un procedimiento que contempla el nuevo Sistema del Código Penal de la Provincia, en el que la fiscalía y la defensa llegan a un acuerdo de pena, bajo la condición de que el o la acusada acepte la responsabilidad del delito endilgado.
La mujer, al parecer, estaba dispuesta a asumir que fue parte de una “asociación ilícita”, es decir una banda de crimen organizado para cometer delitos, entre ellos la desaparición de Abel.
Rivadera no quiso revelar cuál era ese trato que había hablado con los fiscales, ni durante el juicio ni cuando se terminó la audiencia. No hizo falta. A esta periodista tres fuentes le confirmaron que Espinosa admitiría que fue parte de tal asociación ilícita, contando además algunos detalles de los delitos que cometió con ese grupo de criminales, pero sin revelar lo más importante de todo y lo único que les interesa a los Ortiz: ¿Dónde está Abel?”. El arreglo, si el Tribunal se lo aceptaba, era de cinco años y seis meses de cárcel, un poco menos que los ocho años de prisión que había pedido, en principio, el fiscal Ernesto Lutens.
No solo eso, el abogado de Espinosa fue por más y pidió que, por favor, retiraran a la prensa de la sala.
Lucero se negó rotundamente a la aplicación de un juicio abreviado y también a la solicitud de que salieran del lugar los medios de comunicación, cuando este es un juicio oral y público.
Explicó que la comunidad de Villa Mercedes tiene derecho a saber lo que sucedió con Abel, en una causa que involucra varios delitos, y que ya arrastra y tiene a una familia sufriendo 11 años. “Se trata de un joven que nadie sabe dónde está”, remarcó.
Estrada dijo, por su lado, que estaba al tanto de la propuesta del juicio abreviado planteado por esa defensa. Y el representante de los Ortiz solo se limitó a decir que quedaba a la espera de lo que resolviera el Tribunal.
Celdrán, por su lado, manifestó que no tenía nada que opinar al respecto, pero seguidamente aclaró que si hacían lugar al proceso abreviado el resto de los acusados debería ser juzgado por otros magistrados, porque el juicio ya estaría “contaminado”, en vista de que una de las principales acusadas admitiría la existencia y comisión del delito. “Eso podría perjudicar a mi defendido, por cualquier dato que se pudiera filtrar”, destacó.
En ese punto, al igual que el abogado que propuso el procedimiento abreviado, para evitar cualquier filtración de información, consideraba pertinente el retiro de la prensa. Mediavilla, por su parte, también adhirió.
Los jueces se tomaron un cuarto intermedio de 15 minutos para resolver si cedían o no al debate planteado. Después de eso, casi todos se retiraron del recinto para tomar aire. Una parte del público, los dos fiscales, todos los defensores y hasta la propia Espinosa pidió salir, seguramente para ir al sanitario. El único abogado interviniente que quedó en su asiento fue Bautista Rivadera.
Me acerqué para consultarle al letrado cuál era la pena a la que Espinosa pensaba acceder con tal de reconocer su culpabilidad.
Y mientras hablaba con el abogado, se arrimó la encargada de prensa del Poder Judicial de la Segunda Circunscripción, Gabriela Campana, para señalar que yo, como periodista, no podía hablar en la sala. En un total acto de falta de respeto al entrometerse en un diálogo privado del cual no era parte, además de interrumpir la labor de esta cronista que trabaja para un medio privado y no para el Poder Judicial, como sí lo hace ella.
––Pero es un cuarto intermedio, los jueces no están, no hay casi nadie en la sala—le contesté.
––No se puede, no está permitido hacerlo––insistió la vocera judicial.
––Pero él (Bautista Rivadera) es un abogado particular, tiene derecho a hablar con la prensa cuando quiera. Lo he hecho antes, además ¿Cuál es el impedimento? —le repliqué.
—No se puede dentro de la sala, Marina—contestó sin fundamentos, como si yo hubiera incurrido en una contravención o un cuasi delito.
Entonces le pregunté a Rivadera si podíamos retirarnos de la sala para hablar tranquilos. Visto que, en un total desconocimiento de los límites de sus funciones o atribuciones fuera de lugar, Campana está pendiente de lo que se habla en una sala de juicios, en medio de un cuarto intermedio; en los que, por lo general, solo quedan los acusados hablando con sus familiares y los efectivos policiales, quienes se miran las caras los unos a los otros porque no vuela ni una mosca.
En un juicio, en el que está en el medio el sufrimiento de una familia que todavía no sabe el paradero de un ser querido, la vocera de prensa del Poder Judicial parece estar más pendiente de lo que se habla en la sala, quién con quién, como si se tratara de un lugar inmaculado como la Capilla Sixtina, en la que cada cinco minutos te indican en tres idiomas “silencio, por favor”.
Pero Rivadera, de todas formas, no aceptó hablar conmigo, porque estaba muy molesto por el planteo que había hecho su hermano, que no hacía más que dilatar el proceso.
Cuando los magistrados regresaron al recinto. Fueron al grano. Ehrlich informó, de inmediato, que rechazaban el pedido de juicio abreviado.
Explicó, además, que no es cualquier delito el que deben juzgar, sino asociación ilícita, uno en el que mínimo deben intervenir tres delincuentes. “No debe aplicarse considerando la implicancia del resto de los involucrados”, dijo.
Flores, por su lado, remarcó que la particularidad de este delito hace que exista un compromiso de las demás partes y, por lo tanto, no corresponde proceder con un juicio abreviado cuando hay otros dos acusados.
Pero parecía que el representante de la peluquera llegó al debate oral con la idea fija de, muy por el contrario, no llevar adelante ese extenso procedimiento, en el que declararían unos 120 testigos y se ventilarían pruebas de todo tipo. Entonces insistió.
Interpuso un recurso de casación. Dado que consideraba que el rechazo del procedimiento afectaría a su defendida, porque “los derechos de todos corren por vías separadas”. Solicitó así la suspensión del juicio.
Lucero, a su turno, fue tajante. Dijo que plantear un recurso de casación en este estadio del caso era algo que no iba a permitir. “Hablamos de una causa con once años de antigüedad”, recordó.
Chacur explicó que los recursos de casación solo están permitidos en casos de sentencia definitiva. Es decir, no podría darse en esta oportunidad. Flores expresó estar sorprendido por las “reacciones de las partes”. “No podemos no confiar en el juicio oral”, resaltó. El juicio abreviado no es un derecho, sino un procedimiento que los tribunales permiten en ciertos casos, aclaró.
Pascual tampoco calmó las aguas y echó más leña al fuego. En vista de que el Tribunal ya había rechazado el abreviado, dijo que lo más correcto sería recusar a los magistrados para asegurar la imparcialidad del debate.
Estrada, de inmediato, intervino y señaló que con esos argumentos no hacían más que sostener soslayadamente un apartamiento en un prejuzgamiento que no existió. “No hay por qué seguir suspendiendo esto en el tiempo”, enfatizó. Rechazó al apartamiento de los jueces y requirió que continuaran con el proceso oral tal cual estaba previsto.
Fue allí cuando Mediavilla recordó que cuando le negaron el procedimiento abreviado a Víctor Figueroa, el profesor de básquet declarado culpable de abusar de una nena, el Tribunal se apartó y el Colegio de Magistrados y Funcionarios se vio obligado a conformar uno nuevo para llevar adelante el juicio a prueba. De otra manera, amparándose en la Corte Suprema, manifestó que es necesario conservar la imparcialidad objetiva porque, de lo contario, “estaría comprometida la neutralidad” del proceso, argumentó la letrada.
El representante de Espinosa, quien no tenía mucho más que decir porque se le habían agotado los argumentos, adhirió a lo expuesto por Mediavilla.
Chacur aclaró que el rechazo de lo expuesto sería malicioso y que lo que correspondía, entonces, era que el Tribunal resolviera cuanto antes y plasmar su decisión en un escrito.
En teoría, tienen 24 horas para presentar ese informe, luego el Colegio de Magistrados y Funcionarios cuenta con otras 48 horas para nombrar a otros tres jueces y fijar una nueva fecha de juicio. El abogado de los Ortiz calcula, más bien, espera, que la semana próxima realizarán el tan ansiado y dilatado debate.
